En una de las notas, los firmantes, quienes se definen como postulantes inscriptos en los concursos para cubrir vacantes en la Sala II y IV del Tribunal de Impugnación, no sólo defienden la transparencia del proceso, sino también resaltan las modificaciones implementadas por el Consejo para resguardar la imparcialidad en los procesos de selección.
“Entendemos que no corresponde ningún cuestionamiento…, como así tampoco poner en dudas la integridad e imparcialidad de quienes tienen a su cargo la enorme responsabilidad de observar y hacer observar, en el marco de sus atribuciones, el debido respeto de los principios y demás garantías de orden constitucional”, señala en uno de los párrafos.
La Asociación de Funcionaros del Poder Judicial de Salta (AFUSA), en tanto, manifestó su “desacuerdo y repudio, ante los dichos agraviantes, publicados en diversos medios de comunicación, sobre la idoneidad y la transparencia de nuestras asociadas y asociados, en el marco del proceso de concursos convocados por el Consejo de la Magistratura”.
Incondicional
Firmado por la doctora Analía Briones, la nota expresa un “apoyo incondicional a nuestras asociadas y asociados que se sometieron al proceso concursal para acceder a una magistratura, cumpliendo con cada una de las instancias que demanda dicho procedimiento, y expresamos nuestra total discrepancia con quienes sostienen maliciosamente que nuestras asociadas y asociados, por su condición de tal -funcionarias/os-, no se hallan capacitados ni en paridad de condiciones para acceder a un cargo de magistrada/o, a pesar de haber cumplido con los requisitos de admisibilidad que se encuentran establecidos en la Constitución Provincial”.
Por su parte, desde el Colegio de Magistrado y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, dirigido por el juez de impugnación Eduardo Barrionuevo, se dio a conocer una nota remitida por el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, quien presentó dos quejas formales contra dos de los cuatro concursos cuestionados.
En la misma, el magistrado, quien participó como postulantes en los concursos 272 y 285, señaló que “es completamente falso que, en mis presentaciones formales ante el Consejo de la Magistratura de Salta o por cualquier otro medio, haya manifestado descalificaciones o cuestionamientos a “secretarios, abogados de la matrícula y otros magistrados”, como se expresó en algunos medios. Nada más lejos de mis pensamientos”.
“En tales notas sólo defiendo el derecho específico que me asiste a obtener las devoluciones y, eventualmente, recurrir respecto de las calificaciones de mis exámenes. En ese sentido, solicité que se me indiquen los criterios de corrección de las evaluaciones y se me especifiquen los errores que, según los evaluadores, he cometido para obtener las notas plasmadas”, agregó.
“No se encontraría garantizada la transparencia para seleccionar jueces”
En el ir y devenir de notas en torno al escándalo en el Consejo de la Magistratura por el supuesto direccionamiento en cuatro concursos, también se conoció el contenido de la renuncia presentada por la jueza Paola Marocco, quien puso serias dudas respecto a la transparencia e imparcialidad.
Marocco, jueza de la Sala VII del Tribunal de Juicio, renunció al concurso 290, dirigido a cubrir una vacante en la Sala IV del Tribunal de Impugnación, el cual, por cierto, ganó más desprestigio, tanto por los fallos dictados y ahora, por la conformación de algunas salas.
La jueza puso el dedo en la llaga al referirse a los puntajes de las pruebas escritas, en las cuales se nota nuevamente una clara ventaja hacia un aspirante que tendría una estrecha amistad con la presidenta del Consejo, la cual no se excusó de participar de los concursos.
Transparencia
Para la jueza, y dado lo sucedido tras las quejas formales del juez Colombo por hechos similares en otros dos concursos, se habrían vulnerado los principios de “transparencia” e “igualdad de posibilidades y de género”, garantizados en el artículo 22, incisos 1 y 5, del Reglamento del Consejo de la Magistratura.
“No se encontraría debidamente garantizada la transparencia que debe regir en los procedimientos de selección de los jueces, lo que a la postre, resulta violatorio del principio de igualdad jurídica, instituido en el artículo 16 de la Constitución Nacional”, indica en su renuncia.
Hizo referencia al supuesto “aval” que el Consejo habría promovido a pedido de firmar de algunos postulantes, maniobra mediante la cual se busca desacreditar el reclamo del juez Colombo y así acallar las acusaciones de supuesto direccionamiento en los concursos.
Sobre este aspecto, la jueza rechazó tal accionar, pues el mismo “genera un desequilibrio en relación a aquellos que no hemos procedido de igual forma”, a lo cual agregó que tal postura resulta “atentatoria a la independencia de los jueces y el procedimiento viciado obstruirá que el magistrado que llegue al final del proceso goce de legitimación para ejercer la honrosa tarea de impartir justicia”.
