En septiembre de 2021, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDIS), Ana Inés Salinas Odorisio, elevó al Juzgado de Garantías 2 el requerimiento a juicio contra la ex Secretaria General Patricia Argañaraz y la tesorera Ana María Cerezo de la Asociación Docente Provincial (ADP), por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados en calidad de partícipes necesarios un hermano de la ex secretaria general y un asesor por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta.
Días atrás, el Juzgado de Garantías 2 -que es quien notifica a las partes involucradas y formaliza la elevación a juicio- comunicó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos la imposibilidad de notificar al hermano de la ex Secretaria General, ya que el domicilio brindado por el acusado no sería en el que efectivamente reside.
Inmediatamente, Salinas Odorisio solicitó la incorporación del hombre en el sistema, solicitó sea declarado en rebeldía y envió nuevamente las actuaciones al Poder Judicial.
El Ministerio Público Fiscal, en su condición de parte acusadora en el proceso, finalizó con la etapa de investigación y decidió requerir juicio a los acusados en septiembre del año pasado. Desde ese momento, es el Poder Judicial el que decide si aceptará enjuiciar a los miembros de ADP y cuándo lo hará.
El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a Patricia Del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi.
