Vega Ibarra había llegado al cuerpo diplomático boliviano de la mano de Evo Morales, ex presidente ahora refugiado político en Argentina, sin embargo, el 5 de diciembre pasado cesó en sus funciones como cónsul de Bolivia en Orán tras el golpe de Estado de Jeanine Áñez, autoproclamada nueva presidenta de Bolivia.
El martes pasado, a 21 días de ser detenido, Vega Ibarra, de 37 años, fue condenado por el juez federal de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, a instancia de la acusación impulsada por los fiscales federales de Orán y Tartagal, José Luis Bruno y Marcos César Romero, respectivamente.
La sentencia alcanzó también a Cordero Flores, de 40 años, quien pasará 4 años y 6 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes, establecido en el artículo 5, inciso C de la ley 23.737, idéntico delito recayó en el ex cónsul.
La primera audiencia por este caso se realizó el 18 de diciembre, cuando se fijó un plazo de 20 días de investigación y prisión preventiva.
En dicha ocasión, el juez Martínez Frugoni admitió -a pedido de la fiscalía- que en el trámite se aplicara el procedimiento especial de Flagrancia. Este martes, en tanto, el proceso terminó con un acuerdo de juicio abreviado.
En la audiencia de clausura del caso, celebrada el martes al mediodía en Tartagal, el fiscal Bruno realizó un relato de los hechos, tras lo cual fundamentó la imputación penal contra los dos acusados.
Sostuvo que Vega Ibarra conducía un automóvil, marca Jac, de norte a sur por la ruta 50, a la altura del kilómetro 46 (Sección 28 de Julio), cuando fue detenido por efectivos del Destacamento Móvil 3 del Escuadrón 20 “Orán” de Gendarmería Nacional.
Cronología de los hechos y su detención
En una verificación de rutina, los gendarmes solicitaron la documentación del vehículo y la apertura del baúl del rodado, y les resultó llamativo que la rueda de auxilio sobresaliera por encima del compartimento destinado para ello, y al levantarla descubrieron ocho paquetes rectangulares, conocidos como “ladrillos”.
Como suele suceder en estos casos, agregó el fiscal, los efectivos convocaron a testigos civiles a fin de seguir adelante con el procedimiento. Vega Ibarra, por su parte, se identificó como diplomático y presentó una credencial que lo acreditaba como Cónsul de Bolivia en Orán, ciudad a la que se dirigía procedente de la frontera.
No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Bolivia confirmó que Vega Ibarra había cesado como cónsul el 5 de diciembre de 2019.
Por otra parte, se estableció que la droga secuestrada se trataba de cocaína, con un peso total de 8,263 kilogramos. Asimismo, se pudo determinar que algunos paquetes llevaban impresa la figura de un delfín, sello distintivo que identifica a la droga del cartel de narcotráfico dirigido por los hermanos Castedo.
En el marco de las actuaciones, Bruno reconoció la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó, como así también de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) NOA, a cargo del fiscal Eduardo Villalba.
Fundamentos de la condena
Bruno dio por acreditado el tráfico de estupefacientes que Vega Ibarra y Cordero Flores intentaron llevar adelante en el vehículo de la esposa del ex cónsul, a la vez que enumeró las pruebas reunidas por la fiscalía a lo largo de la investigación.
Entre ellas mencionó la prueba documental del caso, declaraciones de testigos y gendarmes, informes respecto al peso y pureza de la droga secuestrada (de entre 43 y 69 %). Resaltó, asimismo, el valor del estupefaciente, establecido en 4.900.000 pesos.
El fiscal rechazó de plano los argumentos defensivos de Vega Ibarra, quien intentó desvincularse de la droga al sostener que días anteriores a la detención, el vehículo fue enviado a un lavadero y un taller mecánico. De esta manera, pretendió sugerir que la droga le fue “plantada”.
Por otra parte, el fiscal remarcó que al momento del procedimiento Vega Ibarra se identificó como diplomático, con lo cual evidenció su propósito de eludir las consecuencias del ilícito que perpetró. Posteriormente, en la primera audiencia, esa intención manifiesta quedó desvirtuada cuando fue confrontada con la documentación diplomática oficial obtenida por la fiscalía, para finalmente reconocer que se había notificado del cese de sus funciones.
Indicó que los dichos de los acusados no alcanzaron a controvertir las pruebas presentadas por la fiscalía.
“Los extremos legales del caso se encuentran satisfechos en el presente caso, toda vez que el comportamiento del acusado (Vega Ibarra) así parece demostrarlo”, expresó. Resaltó, en ese sentido, que “el ex cónsul -según sus propios dichos- tuvo al rodado bajo su poder en todo momento, lo que hace improbable que desconozca la existencia de los paquetes en el baúl del auto”.
Finalmente, el fiscal dio por probado el hecho y confirmó la imputación penal contra los dos acusados.
