Bajo la modalidad unipersonal, el tribunal -con la intervención del juez Marcelo Juárez Almaraz- absolvió a otros tres concejales, dos de ellos -Santos Palma y Julio Pedro Laxi, de las localidades de Animaná y Rivadavia Banda Norte- por pedido de la fiscalía, que los había imputado inicialmente por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El tercero, Héctor Sebastián Cari, concejal de Guachipas, fue absuelto por el beneficio de la duda. La fiscalía, que lo había acusado como responsable del delito de defraudación a la Administración Pública, evalúa recurrir la decisión.
Las condenas dictadas en coincidencia con el pedido fiscal fueron para Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Gabriela Cazón, ediles de Pichanal, Urundel y Aguas Blancas, por el delito de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cantarella y Cuéllar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión. En los tres casos se impuso, además, la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, el edil de la localidad de San Lorenzo José Osvaldo Reynaga, fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa. La fiscalía había solicitado que se le impusiera una pena de un año y medio de prisión condicional más tres de inhabilitación por la misma calificación penal que al resto.
Nicolasa Maras, concejal de Los Toldos, fue condenada al mínimo de la pena; recibió un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La fiscalía había solicitado que se la condene a un año de prisión condicional y dos de inhabilitación.
De esta manera, concluyó el segundo juicio oral y público seguido a funcionarios públicos acusados por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia.
En este caso, el debate había iniciado el 15 de febrero pasado y se desarrolló con una audiencia por semana.
Con este fallo, el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal obtuvo 7 condenas por estos hechos, 5 de ellas con inhabilitación perpetua. Además, se acordaron 47 medidas alternativas con donaciones por 1.559.000 pesos destinados a 45 entidades públicas y 3.694 horas de tareas comunitarias.
Otros casos con suspensión de juicio a prueba y conciliaciones
Se señaló sobre otras denuncias de cobro ilegal del IFE que treinta casos se resolvieron mediante la aplicación de suspensión de juicio a prueba y 17 a través de conciliaciones. Estas medidas dejaron un saldo de donaciones de dinero por un total de 1.559.000 pesos, el cual se destinó a 45 entidades de bien público, entre ellos comedores y hospitales.
Sobre esta temática, el fiscal Toranzos destacó los logros obtenidos por el Área de Casos Complejos al asumir la investigación de los distintos hechos, la mayoría de ellos iniciados a partir de un reporte del periodista Alexis Miranda, quien expuso la situación de más de 50 concejales que habrían percibido el IFE, un subsidio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19.
De esta manera, se abrieron actuaciones contra 67 funcionarios públicos, la mayoría concejales sospechados de haber cobrado el IFE. Con intervención del auxiliar fiscal Facundo Mirabella, de Casos Complejos; la secretaria del Área No Penal Virginia Wierna y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y María Laura Saravia, se acordaron en 47 casos medidas alternativas de resolución de conflicto.
Además, se establecieron 3.694 horas de trabajos comunitarios por parte de los concejales que adhirieron a estas medidas, incluso 28 de ellos acordaron auto inhabilitarse para participar como candidatos en dos períodos electorales.
Otros 11 imputados, entre concejales y ex gerentes del PAMI, llegaron a juicio, de los cuales 7 fueron condenados y 4 resultaron absueltos. Nueve más, en tanto, fueron sobreseídos en la audiencia previa a la apertura a juicio, resolución que aún no se encuentra firme debido a un recurso extraordinario en trámite a partir de un planteo presentado por la fiscalía. Las condenas dictadas ayer se suman a la de los ex gerentes del PAMI de Orán y Embarcación, Viviana Fernández y Javier Navarreta, quienes recibieron penas de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación a la Administración Pública. Fallo dictado también por el TOF 1 el 2 de agosto de 2021.
