INCLUYE A POLÍTICOS Y FUNCIONARIOS

Con fuertes revelaciones de corrupción dio comienzo el juicio por el robo de caños

Como estaba previsto, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta, bajo la dirección del juez Abel Fleming acompañado de los vocales Gabriela Catalano y Domingo Batule, dio inicio ayer a la tarde al juicio seguido contra el ex intendente de Aguaray.

En el juicio del robo de los caños, aducen que Jorge Enrique Prado contó con la participación política de otros ex funcionarios, e intendentes.
En el juicio del robo de los caños, aducen que Jorge Enrique Prado contó con la participación política de otros ex funcionarios, e intendentes.

El intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, está siendo juzgado junto a otros nueves acusados por el robo de más de 125 caños del Gasoducto GNEA.

Junto a Prado, también son juzgados el ex secretario de Hacienda de Aguaray, Fredy Céspedes; los empresarios Diego Alos, de OCYP SA; Matías Rossi, de Comarfil SA, Adrián Vera y Cristian Buczek, de Vera SA; Milton Saavedra y Bruno Degoy, de MyP Servicios Especiales; Andrés Ayala, de Perterser SRL y Dante Rodríguez.

Previo identificar a los acusados, cinco de los cuales estuvieron presentes en la sala de audiencias, mientras que los restantes lo siguieron de forma remota, el juez Fleming dio paso a los alegatos de apertura, oportunidad en que el fiscal general Eduardo José Villalba ratificó la acusación penal impuesta a los diez acusados.

También por la vía virtual, el fiscal no escatimó calificativos para referirse a las maniobras que, según afirmó, causaron un enorme daño al Estado Nacional, por la obra que fue saqueada por los imputados, pero especialmente a más de un millón de habitantes que esperaban ser beneficiados con el gasoducto.

Al presentar el caso, el fiscal se refirió en detalles a cómo el ex intendente Prado junto al empresario mendocino Alos llevaron adelante, también con la participación de Céspedes, de un primer tramo del robo de los caños, cuyo costo de instalación al Estado le costó 15 mil dólares.

Villalba sostuvo que los tres acusados llevaron adelante el saqueo amparados en la Resolución Municipal N° 1215/19, la que fue pergeñada por Prado y Alos antes que el ex intendente asumiera a su cargo, y que lo hicieron con el único objetivo de usarla para el saqueo de 228 caños.

Para el fiscal, la resolución fue la “protagonista principal” de un caso que calificó como emblemático en materia de corrupción, en el que “el Estado saqueó al Estado”. Explicó que Prado, como representante electo del Estado Municipal, fue el artífice del saqueo de bienes del Estado Nacional. Reconoció que la investigación comenzó en febrero del año pasado, cuando por distintos medios se conocieron detalles de la mentada resolución, la cual fue creada como “ropaje legal” para la extracción de los caños, en el marco de un saneamiento ambiental, el que nunca fue motivado mediante un informe que certifique que era perjudicial para el Municipio.

Si bien reconoció que hubo una ineficacia del Estado al dejar abandonada la obra, indicó que ello no justificaba de ninguna manera el saqueo que se llevó a cabo, y del cual luego participaron los otros acusados. Explicó que cuando salió a luz la ilegalidad de la resolución, pues Prado no podía disponer de bienes que no tenía bajo su administración, es que recurrieron a un ladrón de caños profesional, como lo fue Adrián Vera, quien llevó adelante la extracción de otros 161 caños, maniobras en la que participaron Saavedra, De Goy, Ayala, Buczek y Rossi, entre otros.

De los acusados, Céspedes fue el primero: “Yo no sabía nada”, aseguró el ex secretario de Hacienda, quien repitió una y otra vez que firmó la resolución creído de que había pasado todos los pasos legales y que sería un “buen acto de gobierno” por parte del Municipio.

Connivencia política y otras teorías en torno a la maniobra

El abogado Fernando Teseyra, defensor de Prado, aseguró la inocencia de su cliente, aunque reconoció que firmó la resolución y agregó que lo que sucedió luego fue que las personas autorizadas para extraer los caños se excedieron, pero que eso ya no fue culpa de su representado.

Mauricio Cardello, abogado de Alos, en tanto, tildó de inverosímil la acusación en contra del empresario mendocino y ratificó su inocencia. Lo mismo hizo la defensa de Rossi y Ayala, mientras que la de Vera también desechó las imputaciones contra su defendido. Sergio Heredia; el defensor de Saavedra, Céspedes, De Goy, Buczek y Rodríguez, en tanto, pateó el tablero y habló de la participación política de otros ex funcionarios, intendentes de localidades vecinas e incluso afirmó que el robo de los caños se planeó en una reunión política que se realizó en Apolinario Saravia.

Heredia introdujo en el caso a referentes de La Cámpora y de otros sectores del Gobierno Nacional y del ex Gobierno de Mauricio Macri, pues aseguró que Prado ni Vera habrían podido realizar todas las maniobras sin el amparo del poder político.

Mientras hacía sus revelaciones, Heredia repitió una y otra vez tener pruebas contundentes de las maniobras, en las cuales incluyó a Vera y Alos, como los principales protagonistas, al igual que Rossi, empresarios a los que calificó de “chatarreros” que vinieron al norte a hacer el gran negocio.

Por parte de la querella, en tanto, se marcó que el perjuicio de los saqueos de caños del gasoducto dejó un perjuicio económico que ronda los 5 millones de dólares, y que la obra habría dado más de 10 mil puestos de trabajo y beneficiado con el suministro de gas natural a 1.700.000 habitantes. Explicó que los acusados se robaron caños que cubrían una distancia de 8 kilómetros, y que los tubos que fueron recuperados por la actuación de la fiscalía, no podrán ser reutilizados en la obra.

 

 

 

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