En cambio, el juez absolvió a Ferro Podestá por amenazas, delito por el que también se lo juzgó. El magistrado aplicó en este caso el beneficio de la duda.
Ferro Podestá fue acusado por atacar a Ibáñez el 5 de octubre de 2017, en Joaquín V. González, a la salida de una radio en la que el abogado denunció la existencia de una organización que hacía tráfico de influencias, en la que incluyó al fiscal penal de Anta, Gonzalo Gómez Amado.
Según informó la periodista Claudia Ferreyra, del sitio web Anta Periodismo, en la audiencia oral y que debía ser pública, pero a la que no se permitió el acceso de la prensa, hubo dos querellantes: el propio Ibáñez, con el patrocinio del letrado Oscar Pedro Guillén, y el Colegio de Abogados de Salta, representado por su presidente, Pedro Burgos y el letrado Fernando Teseyra. Ferro Podestá fue defendido por el abogado José Retuerta.
El juez Fucho le impuso además al ahora condenado una prohibición absoluta de acercamiento a la víctima, y la obligación de someterse a un tratamiento psicológico por el tiempo que dure la condena.
“Que se logre una condena contra Ferro Podestá, que ha sido absolutamente impune siempre en Anta, protegido por (el diputado Pedro) Sandez como consta en el informe de un comisario y por Gómez Amado va a ser un gran paso para la sociedad”, había afirmado antes de la sentencia Ibáñez, en declaraciones a Ante Periodismo.
Para el letrado, esta sentencia permitirá que la gente se dé “cuenta de que este muchacho no es impune y va a ayudar a que le dejen de tener tanto miedo como le tienen y que lluevan las denuncias porque a cada dos pasos que da comete un acto ilícito”.
Ibáñez insistió por otra parte, en que la Justicia “no quiso investigar al presunto autor intelectual” de la agresión que sufrió, hecho por el que sigue responsabilizando al fiscal Gómez Amado. Lamentó en este sentido que solo haya sido juzgado el autor material, quien es primo político del fiscal.
Ferro Podestá atacó a golpes a Ibáñez cuando el abogado salía de hacer declaraciones por radio sobre su denuncia contra Gómez Amado por “cohecho y tráfico de influencias” en una causa penal en la que se investiga al finquero Jorge Bejarano por corrupción de menores en perjuicio de una niña que ahora es adolescente.
Ibáñez, que había sido defensor del finquero, denunciaba la existencia de un acuerdo para, mediante el uso de las influencias, favorecer a Bejarano y dejarlo en libertad. Iinvolucraba en estas acciones a la abogada Dana Segovia, prima del fiscal Gómez Amado y esposa de Ferro Podestá.
De hecho, en su momento Bejarano fue liberado y solo meses después mediante un recurso presentado por la asesora de Incapaces, María Zenzano Poma, se apartó a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público que habían actuado y la nueva jueza lo detuvo.