La imputación se dirigió a Emilia Juárez, Viviana Beatriz Fernández y Javier Navarreta, quienes cumplen funciones de gerencia operativas en dependencias del PAMI de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente.
Ricardo Toranzos también formalizó la tercera acusación a concejales y funcionarios públicos por el cobro indebido del IFE. Se trata de Antonio Omar Benítez de Colonia Santa Rosa; Héctor Sebastián Cari de Guachipas; Daniel Ignacio Casimiro de La Poma; Mónica Visitación Juárez de Rivadavia Banda Sur; José Osvaldo Reynaga, de San Lorenzo; Ariel Santos Palma de Rivadavia, Banda Norte y Julio Pedro Laxi de Animaná.
En una audiencia por videoconferencia, el fiscal Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, avanzó con las actuaciones iniciadas en agosto pasado, cuando un informe periodístico dio a conocer una lista de concejales y funcionarios nacionales que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El 26 de agosto pasado Toranzos formalizó la acusación penal por los mismos delitos en contra de 17 concejales y un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Investigación
Al referirse a la acusación, Toranzos expresó que existían sospechas que daban cuenta de que habría 13 funcionarios del PAMI que habrían cobrado indebidamente este beneficio; sin embargo, y como resultado de las tareas investigativas realizadas por su área, se pudo determinar que sólo tres de los sindicados habrían incurrido en esta irregularidad.
Indicó que Fernández, quien había sido designada como titular de la Agencia PAMI en la ciudad de Orán, cobró dos cuotas del IFE, beneficio que solicitó dos meses después de asumir en el cargo.
En cuanto a Juárez, el fiscal indicó que fue designada en febrero pasado como titular del Centro de Atención Personalizada que el PAMI posee en la localidad de El Carril, y que a los dos meses de ejercer su cargo también solicitó el cobro del IFE, subsidio que percibió en dos ocasiones.
Respecto a Navarreta, Toranzos sostuvo que este funcionario, también designado por el Estado Nacional, se desempeña desde marzo pasado como titular del Centro de Atención Personalizada en la localidad de Embarcación.
Afirmó también que Navarreta, como los otros acusados, solicitó el beneficio del IFE a los 23 días de asumir en el cargo y percibió este subsidio en dos oportunidades.
Concejales
El fiscal, indicó que la AFIP aportó datos claves, los que permitieron conformar una base probatoria para adjudicarle a los ediles imputados la calificación penal provisoria de los delitos de "defraudación a la administración pública" e "incumplimiento de deberes de funcionario público".
Esta acusación no fue controvertida por las defensas de los acusados, quienes si pidieron un plazo mayor de investigación al propuesto por la fiscalía, de 40 días.
También cuestionaron el pedido de embargo requerido por el fiscal de 60 mil pesos. Toranzos también solicitó el compromiso de los acusados de no entorpecer la investigación, la presentación cada 15 días en la dependencia policial más cercana y la prohibición de salir del país.
Al momento de resolver, el juez federal que entiende la causa, Julio Bavio, dispuso dar por formalizada la acusación por los delitos planteados por la fiscalía, mientras que pone el plazo de investigación en 90 días.
Respecto al embargo, Bavio decidió que la suma de 60 mil pesos se aplique a los que cobraron el beneficio, en este caso Cari y Juárez, mientras que para el resto se fijó en la suma de 20 mil pesos.
