La investigación se concretó por tareas de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad a partir de denuncias web que daban cuenta de la comercialización de estupefacientes en dos domicilios de esa ciudad. Con la orden judicial personal de la División de Drogas Peligrosas detuvo a cuatro hombres que quedaron imputados.
El fiscal penal 2 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Antonio Domingo Egües de 39 años, Pablo Raúl Rasjido de 21 años, Alan Iván Livorio Serrano de 25 años y José Luis Rasjido de 19 años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas y por resultar en perjuicio de un menor tras haber sido detenidos en el marco de dos allanamientos en la ciudad de General Güemes.
Reunidos los elementos de prueba, Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías 4 orden de allanamiento y detención para dos domicilios investigados. La medida se concretó el miércoles y tras los procedimientos se logró la detención de los cuatro acusados y se secuestró alrededor de 500 dosis de droga, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.
Concesionarias indemnizan
Los jueces de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, María Isabel Romero Lorenzo y José Gerardo Ruiz ordenaron el pago de una indemnización a una clienta por reclamo de daño moral y condenaron a dos concesionarias a pagar solidariamente la suma de diez mil pesos a la mujer que las demandó.
La clienta había apelado, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, la resolución del contrato de compra venta de un vehículo, o en su defecto, la entrega de un automóvil 0 km.
Expresaron en el fallo sobre el daño moral y la determinación del monto: consideraron que si el servicio técnico prestado por las empresas demandadas fue deficiente y originó que la mujer tuviera que concurrir y reclamar en distintas oportunidades para lograr su cumplimiento (agotando inclusive instancias conciliadoras previas al juicio), esa perturbación sobrepasó las acciones propias de un negocio comercial, y provocó malestar e intranquilidad, que mereció ser reparado.
Para determinar el monto del daño moral y en ausencia de un criterio regulador, Romero Lorenzo y Ruiz ponderaron el tiempo que insumió para la denunciante obtener el reconocimiento de las deficiencias en el rodado por parte de las concesionarias accionadas; y las incomodidades e inconvenientes que ello provocó en el disfrute del vehículo.
