También se registraron transferencias desde la cuenta bancaria del fideicomiso “Virgen de Urkupiña I” a la empresa constructora CEYBA, la cual no tenía la obligación contractual de realizar una obra de esas características, conforme surge del contenido del contrato firmado y su adenda.
El fiscal sumó en su decreto de imputación que se observaron “transferencias de dinero de los afiliados a una entidad privada ajena, por fuera del régimen legal previsto en su conformación y sobre la cual, los imputados poseían intereses distintos a los propios de la función gremial”. Tanto es así que se utilizaron oficinas y servicios de empleados de la ADP o afectados al gremio, para realizar tareas del fideicomiso, pero pagando sus sueldos con dinero de la ADP.
Los imputados percibieron dinero, por medio de transferencias bancarias a las cuentas del Banco Macro SA o pagos en efectivo, de varios de los afiliados del gremio que se constituyeron en fiduciantes Clase B (en su mayoría docentes y jubiladas), quienes depositaron un monto al firmar el contrato de hasta $145.000 aproximadamente, y otros en concepto de cuotas, confiando en que abonaban dicho dinero para acceder al terreno y a la construcción de una vivienda que se iba a edificar.
