Liderada por una mujer, identificada como “Tía Eva”, esta organización operaba a través de templos evangélicos de la comunidad religiosa “Filadelfia”, la que posee iglesias en todas las provincias.
A más de un año de iniciar la causa, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Barral, ayer se llevó adelante un operativo en varias provincias, entre ellas Salta, para desarticular esta organización criminal.
Según lo informado, la Policía Federal y Gendarmería Nacional, en coordinación con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), se realizaron 23 allanamientos en Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos.
Como producto de ello, fueron detenidas siete personas integrantes de esta organización, como así también se rescataron a 69 víctimas de trata.
Con 250 efectivos, de ambas fuerzas y desde la madrugada de ayer, los procedimientos tuvieron como principal escenarios sedes de esta comunidad religiosa, como así también otras viviendas.
Los detenidos están acusados de trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida.
En Salta
Dos de los siete implicados, según lo informado, fueron detenidos en esta ciudad, en un allanamiento que la Policía Federal realizó en un templo de esa religión, en calle Zuviría al 1.300, donde los efectivos, al irrumpir en el inmueble, se dieron con un panorama aterrador, pues encontraron con personas, como así también menores, en condiciones infrahumanas y explotadas laboralmente.
De este domicilio, los policías se llevaron a dos detenidos, como así también numerosa documentación y otros elementos de pruebas.
Por otra parte, personal de Gendarmería, de manera simultánea, allanó otro inmueble, esta vez ubicado en la calle Luis Borja Díaz al 1.300.
En este caso, no se informó sobre más detenidos ni rescate de víctima, aunque sí hubo secuestro de pruebas.
“Al parecer captaban a la gente más necesitada y después las movían según su conveniencia. Usaban la religión Evangelista como pantalla para esta trata de personas. Se averiguará también si se las explotaba sexualmente a las mujeres”, dijo uno de los policías que participó del allanamiento en el templo evangélico, el que era usado solamente como “pantalla”.
Operaba a través de templos de una comunidad evangélica
Sobre el accionar de esta organización, y según surge de la investigación, entre los delitos registrados, los miembros de esta “comunidad” tenían como modalidad sustraer menores a sus padres biológicos, para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización.
Además, y producto de la investigación, se pudo establecer que la organización cometió instigación al suicidio al haber inducido a la muerte a un joven que se había reconocido como homosexual, hecho por el que sufrió permanentes hostigamientos y agresiones que finalizaron con su trágico suicidio.
Siempre bajo “la palabra divina”, el joven había sido obligado a desnudarse públicamente, fue golpeado y sufrió agresiones físicas (como arrojarle baldes de agua fría), entre otras atrocidades.
El grupo, oculto bajo una presunta vocación religiosa, comenzó sus actividades en el país entre 1972 y 1973 y estaba liderado por “la Tía Eva” y dos cómplices a quienes se las acusa, hasta ahora, de dos abusos sexuales (en el marco de acciones “religiosas” con el objetivo de “evitar el pecado”) en perjuicio de un menor.
Dado su forma de actuar y el modus operandi, este tipo de hechos se fueron reiterando a lo largo de los años. Con un “templo” principal emplazado en el Gran Buenos Aires y “anexos” en varias provincias y, según se presume y aun se investiga, en Brasil y Paraguay, captaban personas en distintas partes del país. Centralmente, esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad.
Bajo una “persuasión coercitiva” les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal. Una vez cooptados, eran obligados a vivir en condiciones deplorables, carentes de higiene y con una alimentación degradante.
Los cooptados no se podían comunicar con sus familias, no se les permitía ir a la escuela y quedaban, además, sin su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización.
Por otro parte, y en el marco de la misma causa, se dio la orden de dar de baja en el registro de cultos a esta organización y se informó de la situación a las autoridades de Brasil y Paraguay, donde se presume que existen sedes de este grupo.
