El pago del Ingreso Familiar de Emergencia a través de la ANSeS, consistente en una suma mensual de 10 mil pesos, fue dispuesto por el Gobierno nacional como una de las medidas para palear la situación económica provocada por la pandemia del coronavirus, sin embargo y como aves de rapiñas, muchas personas, no comprendidas dentro de los requisitos, buscan hacerse de este dinero. Lo que nadie imaginaba, al menos, hasta ayer, es que muchos de ellos serían de la talla de concejales, legisladores e incluso hasta algunos funcionarios, tanto provinciales como nacionales.
Algunos de los ediles expuestos por el listado, ya en tono de confesión, apelaron a ciertas excusas para atenuar su conducta, aunque la preferida fue la de "Robin Hood", pues dijeron que lo hicieron para así poder darle el dinero a los más pobres.
La Justicia
Desatado el escándalo, el fiscal federal, Ricardo Toranzos, de la Unidad Fiscal Salta, abrió una investigación de oficio y solicitó una serie de medidas en busca de acumular las pruebas necesarias, entre ellas documentación de la ANSEeS y otros registros del caso.
Por su parte, la fiscal penal, Verónica Simesen, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, de la provincia, también anunció el inicio de una causa penal por el hecho.
Ambas investigaciones están en curso, aunque se especula que el caso podría quedar finalmente en el fuero federal, pues el fraude fue cometido en perjuicio de fondos de origen nacional. En principio, el delito sería de fraude a la administración pública, el cual establece una pena de 2 a 6 años de prisión, como así también inhabilitación para el ejercicio de cargos en la función pública, situación que sería la más preocupante para los implicados.
Respecto al daño, se estima que, del listado, hasta ayer de 50 implicados, 26 ya habría cobrado el beneficio, al menos, las dos veces que se otorgó, lo que equivaldría a un perjuicio económico de más de 500 mil pesos.
En tanto, se calcula que si el resto de los involucrados, a los que se les rechazó el beneficio, hubiesen logrado hacerse de ese dinero, el daño habría sido tres veces mayor para el Estado nacional, el que podría, asimismo, constituirse como querellante en la investigación penal.
