Nuevo Diario dialogó con el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, donde salió a relucir otro tipo de "actividad" de la defensora oficial Rosa Díaz: la usurpación de vivienda, en este caso, de Joaquín V. González.
¿Cuál es la situación actual de la defensora de Tartagal Rosa Diaz?
-Debo decir primeramente que el día viernes quedamos azorados con las novedades acontecidas, ya que simultáneamente tanto el Tribunal de Impugnación, como también el Juez de Garantías que interviene en la causa de las donaciones, dispusieron sendas resoluciones que favorecieron la libertad de las hermanas Rosa y Paola Díaz, cuando precisamente horas antes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tras un largo tiempo transcurrido, contrariamente a ello había dispuesto finalmente allanar la inmunidad a pedido mismo del Juez para así permitir que se pueda proceder a su detención.
Y llamó la atención porque conforme lo que se conoce de la investigación de las donaciones para comunidades aborígenes y la denuncia de venta de las mismas a terceros, y la misma resolución del Juez antes peticionante de la detención, existía la necesidad de evitar entorpecimientos en la investigación, tales como presiones a la hermana denunciante, o a otros testigos, lo que resultan el caso característico de manual y paradigmático con el que habitualmente los tribunales justifican la necesidad de mantener las detenciones para asegurar la finalidad de la investigación y no frustrarla. Quizás se encuentre ya asegurada la totalidad de la prueba, lo desconozco.
¿Resultan habituales estas disposiciones judiciales?
-El Tribunal de impugnación como así también fiscales y algunos jueces de garantías, sistemáticamente sostienen estas detenciones en casos de personas comunes, cuando no se encuentra la investigación asegurada y en un estado avanzado, y en muchos casos debo decir, lo hacen en períodos extremadamente largos en caso de denuncias por hechos de delincuencia común o ciudadanos comunes.
¿La defensora Rosa Díaz, estaría en condiciones entonces de reintegrarse a sus actividades?
-De ninguna manera. Ya con anterioridad se venía investigando una denuncia de una humilde residente en General Mosconi, que denunciaba que había sido abusada en su falta de conocimiento, para la elaboración de una maniobra con instrumentos truchos, con los que conforme surge de lo investigado y las denuncias de esta señora, involucrarían directamente tanto a la Dra. Rosa Díaz como a su hermana, la concejal de Orán, Paola Díaz, un cerrajero y la madre de las mismas, en un acto clandestino e ilegal, mediante el que habrían usurpado la posesión de una vivienda en la Ciudad de Joaquín V. González sobre la que tenía intereses el cuñado de la Defensora, y provocó el sometimiento a un proceso penal y civil a la desprevenida denunciante. Se inició una investigación penal a instancias de una denuncia de este Defensor General, y la vinculación o no de la Defensora surgirá de la investigación penal en marcha. Lo cierto es que en un reciente allanamiento efectuado en la Defensoría Civil de Tartagal a cargo de Rosa Díaz, se habría logrado el secuestro de la documentación original vinculada a estos hechos en el interior de la dependencia.
Además de ello, y para mayor sorpresa y pavor, a instancias de una denuncia del defensor interino que llegó a reemplazar a la Dra. Díaz, se encontró un armario repleto de gestiones pendientes de inicio; se está llevando adelante una investigación respecto de una alarmante cantidad de trámites de personas, y en la mayoría de los casos, con situaciones de conmovedora delicadeza de personas en situaciones desesperantes de vulnerabilidad o necesidad; reclamos de alimentos establecidos y no demandados, o con los beneficiarios ya hoy mayores de edad, tutelas de niños aborígenes con padres fallecidos, pedidos de guardas judiciales de niños o niñas huérfanos o en condiciones de vulnerabilidad, urgentes pedidos de restricciones de la capacidad, algunos requirentes ya fallecidos, entre otros; y ante las compulsas telefónicas, se recibió como respuesta la sorpresa de los peticionantes porque creían en marcha sus trámites en unos casos y la indignación lógica y natural en otros. Razón por la cual, y concluyendo un primer depurado del inventario efectuado, arribamos al ajuste de un número estimado de 150 casos aproximadamente, que no es sólo un número frío, cada uno de ellos implica una persona que se vio privada del acceso a la Justicia, como si lo podría haber hecho cualquier otra persona con recursos, siendo la pobreza quien marca la diferencia, merced a desorden, indiferencia y desaprensión.
¿Cuáles son entonces los pasos a seguir? Nuevo pedido de Jury?
-Esto resulta indignante. No va a haber tolerancia con la falta de humanismo o indiferencia con la persona que viene a requerir la defensa pública que seguramente no lo hace por ocio o capricho, sino por necesidades afligentes de la vida misma en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Se va a poner inmediatamente en conocimiento del Jurado de Enjuicia-miento de Magistrados y del Procurador General, como materia de un nuevo pedido de enjuiciamiento o su ampliación.
Todo lo que acontece con estos hechos resulta un claro catálogo de todo lo que no debe seguir pasando en la Justicia
¿Por sus dichos, entonces que se necesitaría cambiar en la Justicia?
-Considero necesario que la sociedad conozca estos hechos. Se observa en estos tiempos la puja entre dos modelos distintos de Justicia; uno el que la sociedad espera y reclama, y el otro, aquel que persiste y pretende sostenerse. El reclamo social por una mejor justicia es un mandato de la realidad. En el ámbito de la Defensoría General tengo la firme decisión de avanzar con cambios sustanciales y correcciones que no se hicieron en períodos anteriores, para poner a la Defensa Pública al servicio de la
comunidad con una defensa verdaderamente efectiva y no simulada. Las resistencias no son pocas y gozan de buena salud.
Los problemas tampoco, ante la ajustada limitación de recursos, los esfuerzos para una correcta implementación y funcionamiento del expediente digital, reconociendo el esfuerzo y la buena predisposición humana del cuerpo de defensores en su gran mayoría.
Nada ni nadie va a detener ni entorpecer el proceso de cambios y transformaciones indispensables para hacer realidad una Defensa Pública efectiva, objetivos comprometidos desde el inicio de esta nueva gestión.
Recientemente se produjeron modificaciones en el Centro de Mediación e inspecciones de auditoría, para mejorar los procesos y lograr mayores índices de eficiencia como así también efectuar una valoración del actual estado y funcionamiento del centro público de mediación, como así también evaluar posibles correcciones y mejoras en los procesos a fines de lograr mayores índices de eficiencia en el servicio brindado a las personas que acuden a la Defensa Pública en búsqueda de soluciones a sus conflictos.
"También en el mes de diciembre de 2020, se remitió a la Legislatura Provincial un anteproyecto de Ley para la protección de Víctimas de Delitos, contemplando numerosas medidas orientadas al fortalecimiento de las medidas y prevenciones de seguridad que merecen los derechos humanos de las víctimas, poniendo especial énfasis en la atención y cuidadoso diagnóstico de prevención y perfeccionamiento de las disposiciones de medidas cautelares, direccionadas a prevenir y evitar consecuencias lamentables para los casos de violencia familiar y de género", concluyó el Defensor General, Pedro García Castiella
El defensor interino que reemplazó a Rosa Díaz encontró un armario repleto de gestiones judiciales sin iniciar.
