Este juicio es por la causa llamada Reynoso II, iniciada a partir de una investigación abierta por los fiscales Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta.
El Tribunal está integrado por la jueza Gabriela Catalano junto a los vocales Abel Fleming y Domingo Batule.
En la primera audiencia el tribunal rechazó un planteo de prescripción vertido por el exjuez en relación a algunos de los delitos imputados.
El debate comenzó el lúnes último en el Tribunal Oral Federal 2. Apenas comenzó la audiencia, el capo narco, Delfín Castedo, mediante el sistema de video conferencia habló en privado con su defensor, quien en su primera intervención en el juicio solicitó la interrupción del debate y que su cliente sea trasladado del penal de Ezeiza, en Buenos Aires, a Salta para presencia en vivo las audiencias.
El pedido fue rechazado, como así también un planteo del ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien solicitó la prescripción del delito de prevaricato, uno de los cuatro que pesan en su contra.
La solicitud que había sido apoyada por el fiscal federal, Carlos Amad, quien adhirió al planteo parecía tener éxito, pero de nuevo los jueces rechazaron esa demanda y la acusación sigue igual.
El abogado Luciano Ciscato y el empleado del Juzgado Federal de Orán, Miguel Saavedra, son los otros dos acusados que acompañan al capo narco y al ex juez en el juicio que se le sigue en su contra por los delitos de “cohecho”, “concusión”, “prevaricato” y “falsificación de instrumento público”.
Este juicio surge como consecuencia de una investigación abierta por los fiscales, Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad y Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, quienes advirtieron serias irregularidades en un sin número de resoluciones dictadas por el ex juez.
Castedo, sindicado como un capo narco y de extrema peligrosidad, siguió el debate desde el Penal de Ezeiza, donde se encuentra alojado tras las sospechas de fuga de la cárcel federal de General Güemes. Reynoso es juzgado por los delitos de “concusión”, “cohecho pasivo”, “prevaricato” y falsificación ideológica y material de instrumento público”, en todos los casos en calidad de autor.
Castedo, en tanto, responde por el delito de “cohecho activo”, mientras que Ciscato, lo hace por “cohecho activo” y “falsedad de instrumento público”, en tanto, que Saavedra está acusado de “cohecho pasivo”. Por su parte, Arsenio Eladio Gaona, otro letrado procesado en esta causa, permanece prófugo.
La audiencia se abrió con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, circunstancias en que se dieron detalles de los hechos imputados a los acusados, siendo los mismos tres: el primero hace referencia a una supuesta “coima” que habría pagado Castedo al ex juez y Saavedra, maniobra de la que participó supuestamente Ciscato.
La misma data del 5 de diciembre de 2013 y consistió en la falsificación de un acta de indagatoria de Castedo, la cual se habría tomado durante un supuesto acto procesal del que participó un “falso” Castedo, quien luego fue beneficiado con una exención de detención dispuesta por Reynoso.
La otra se refiere a un caso en el que el ex juez está acusado de haber restituido de manera ilegal distintas sumas de dinero secuestrado por distintas infracciones, mientras que por último también se lo acusa de irregularidades en el permiso otorgado a un comerciante para el traslado de mercadería, operaciones que habría redundado, tanto en un grave perjuicio económico al estado nacional como en el apartamiento de la ley.
Reynoso, como se sabe, ya fue juzgado en un extenso debate llevado adelante entre fines de 2018 e inicios de 2019 por el Tribunal Oral Federal 1, el que cerró el debate el 25 de marzo pasado con una condena de 13 años de cárcel para el ex juez por los delitos de concusión y prevaricato.
Reynoso ejerce su autodefensa
Reynoso, quien ejerce su propia defensa junto al defensor oficial de Jujuy, Matías Gutiérrez Perea, realizó un planteo de prescripción de los delitos de prevaricato imputados. En concreto, adujeron que entre el primer llamado a indagatoria, el 17 de noviembre de 2016, al requerimiento de elevación a juicio, el 23 de julio de 2019, se superó el máximo de dos años previsto por el Código Penal.
Sostuvieron que al tratarse de un delito con pena de multa e inhabilitación, y dado de existiría un vacío legal sobre el análisis de si corresponde la aplicación del inciso segundo (de 2 años) del artículo 62 o el tercero (de 5 años), de la misma norma, consideraron que por el principio de “in dubio pro reo”, el que beneficia al acusado, se debe tener como aplicable el término de prescripción de dos años.
Tanto el ex juez como su defensor, basaron su planteo. Al cual, Reynoso respaldó al sostener que al momento de la elevación a juicio, ya no era juez, pues recordó que el 22 de diciembre de 2015 fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, mientras que el 1 de mayo de 16 presentó su renuncia como magistrado.
El abogado, Mariano Alvarez, defensor de Castedo, planteó que su cliente sea trasladado a Salta para estar presente en el debate, siendo éste un derecho que le corresponde.
