SE AGREGA UNA NUEVA SOSPECHOSA

El fraude con el IFE en Embarcación sigue sumando acusados

En la investigación que lleva adelante, el fiscal federal, Eduardo José Villaba, avanzó fuertemente contra los dirigentes deportivos del club Central Norte, de la localidad Embarcación, ya acusados de fraude con planes sociales.

NDS |

Moya y Pabloff, son los principales acusados por fraude con el bono del IFE del club Central Norte de Embarcación.
Moya y Pabloff, son los principales acusados por fraude con el bono del IFE del club Central Norte de Embarcación.

Se trata de su presidente, Jorge Moya, su mujer, Moira Pabloff y el secretario, Jesús Tarqui. Ahora, el fiscal le sumó el delito de extorsión y también agregó una nueva acusada, Nancy Romero, otro eslabón en la organización que tenía como objeto sacar provecho de los planes, entre ellos el IFE, ingreso familiar de emergencia y el Salario Social Complementario.

A través de dos audiencias recientes, Villaba y la auxiliar fiscal Roxana Gual expusieron el accionar de los ahora cuatro imputados por los delitos de defraudación a la administración pública y extorsión, acusación que surge de una investigación iniciada el 30 de abril pasado, cuando la ANSES radicó una denuncia ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano, quien trabajó de manera coordinada con Villalba en la primera etapa de la investigación.

En los últimos días, y tras los resultados de las tareas, tanto en la capital salteña como en Embarcación, donde el equipo de trabajo de la fiscalía se constituyó para recibir las declaraciones testimoniales de más de 30 personas, Villalba solicitó la detención de Romero, prosecretaria del club, ya que se constató que la misma seguía con la maquinaria de fraude contra los afectados, en su mayoría beneficiarios de comunidades aborígenes de la zona.

Dicha imputación se circunscribía al pago que los beneficiarios hacían a favor de los acusados, ya se en concepto de cuotas, multas y otras cargas que tenían como objetivo arrebatarle a los afectados el dinero que recibían por el pago de los 10 mil pesos por el IFE, como así también se pudo comprobar que la maniobra se extendía al  Salario Social Complementario.

Los detalles de la investigación, que aún está en curso, fueron presentados por Villalba ante el juez federal, Carlos Martínez Frugoni en una audiencia que contó también con la participación de la abogada querellante por la ANSES, Verónica Viera.

Según el fiscal, se pudo establecer que los acusados habrían ejercido conductas tendientes a empadronar a beneficiarios, tanto del plan social del IFE como del Salario Social Complementario.

A ello, se sumó un elaborado esquema de monitoreo y vigilancia de la percepción de esos fondos. "Hemos detectado conductas como las de engaño, intimidación, amenazas hacia los beneficiarios. Todo ello, dirigido a obtener una parte de ese dinero, en algunos casos a través de sumas que iban de 750 a 1.500 pesos", explicó el fiscal en su acusación.

Violencia psicológica a beneficiarios

Al referirse a los métodos extorsivos, el fiscal Villalba resaltó la "violencia psicológica" expuesta por los beneficiarios en sus testimoniales. Además se supo que en el club de Central Norte de Embarcación se cobraban multas por no asistir a reuniones o no vender un bingo.

"Los afectados eran objeto de violencia psicológica que se extendía desde el maltrato, la humillación hasta un trato prácticamente militar, todos ellos inadmisibles".

"También, y según surge de una denuncia, estamos frentes a casos de acoso psicológico y también sexual.

Esa violencia se demostraba en reuniones públicas, donde los beneficiarios padecían humillaciones públicas, lo cual adquiría un mayor prejuicio cuando sucede en comunidades pequeñas, como en este caso".

Otra de las modalidades extorsivas consistía en la posibilidad del bloqueo de la tarjeta de débito, lo cual era fácil de hacer a partir de la base de datos que habían construido, lo que "ejecutaban quizás con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación".

En ese sentido, el fiscal dijo que "en agosto 2019, luego de que numerosos beneficiarios se rebelaron a las maniobras de los acusados, se observa, casualmente, ese mes una gran renuncia de ellos".

Esa fecha coincide con la denuncia radicada por los imputados en el juzgado federal de Tartagal, en la que señalaron que había personas que cobraban los planes sin trabajar, y como prueba de ello presentaron un padrón con los datos personales de los mismos.

"Esa denuncia no tuvo otro objeto que el de ser un medio más de extorsión y amenaza para las personas que, de pronto, dejaban de aportar el dinero o el trabajo de la manera que los acusados exigían".

Villalba explicó aplicaban multas o intereses a los beneficiarios que no cumplían con las exigencias instauradas por los imputados, que giraban no sólo respecto del dinero que debían entregar, sino con tareas específicas que debían cumplir.

Entre ellas señaló la de cortarle el pelo al comisario de la localidad, lo que explica, de alguna manera, por qué las denuncias que realizaron nunca tuvieron curso.

También eran obligados al posteo de actividades del club, en especial nombrar a Moya, en sus cuentas personales de redes sociales; la asistencia a reuniones del club y la venta compulsiva de cartones de un bingo de esa entidad.

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