Mediante Resolución 1429/23, del 26 de abril del presente año y publicada en el Boletín Oficial, la Procuración General de la Provincia de Salta, pone en funciones esta Unidad Fiscal con competencia en los hechos, acciones u omisiones que afecten la gobernabilidad y gestión de los recursos y cuerpos de agua, desde los aspectos propios de la responsabilidad constitucional, civil y contencioso-administrativo, contravencional y penal, tal como lo establece el punto I de la parte dispositiva.
En un trabajo continuo desde el año pasado para el abordaje de la problemática de contaminación hídrica de la subcuenca Arias-Arenales, el procurador Pedro García Castiella mantuvo reuniones multiinstitucionales e interdisciplinarias con ambientalistas y especialistas en desarrollo urbanístico, bioquímicos, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) e ingenieros.
La creación de la Unidad Fiscal tiene el propósito de que se unifique el manejo y el avance de todas las causas que hoy se encuentran dispersas, se trate de causas penales, como de amparos que continúan su curso.
García Castiella afirmó sobre la iniciativa: “La creación de la Unidad Fiscal manifiesta nuestra preocupación sobre un tema que está incluido en nuestra agenda, y nos ocupa. Es por eso que estamos comprometidos en abordar y coordinar, junto con otras áreas como la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, una solución para la problemática del río Arenales”.
“Se trata de trabajar juntos para abordar cualquier situación que implique contaminación, ya sea desde el ámbito público, como el privado. Queremos perseguir y combatir estas prácticas, tanto desde una perspectiva penal como civil, y unificar nuestros esfuerzos para lograrlo”, explicó el Procurador.
La legislación ambiental salteña establece una cuenca hidrográfica
Entre los considerandos de la Resolución se hace expresa manifestación que la legislación ambiental de la provincia de Salta estableció que una Cuenca Hidrográfica es el área delimitada por un contorno en el interior del cual el agua que precipita corre por su superficie, se centra y pasa por el punto considerado de salida, la que funciona como un colector y conduce el agua desde la parte más alta hacia la salida o parte más baja.
Hablando en términos de “territorialidad ambiental”, el Decreto provincial N°2785/09 estableció que el territorio de la Provincia de Salta se divide en 9 (nueve) macro cuencas, entre las que se cuenta la Cuenca del Río Juramento. Dentro de esa macro cuenca se encuentra incluida la subcuenca de los ríos Arias y Arenales. Este sistema hídrico drena (desagua) gran parte del Valle de Lerma y de las serranías que lo conforman. El río Arias se forma de los desagües generados en “Finca Las Costas”, que son recogidos por el río Peñalva, a partir de la confluencia con el río San Lorenzo. El río Arias corre en dirección sureste hasta las serranías que limitan el sector este del Valle de Lerma, se une con el río Arenales y, después de recibir al río Ancho, continúa hacia el sur con el nombre de río Arias, hasta su desembocadura en el Dique Cabra Corral
A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución la siguiente etapa contempla la organización y revisión de los antecedentes existentes en materia de acciones, legislación, abordaje multidisciplinario e informes sobre la situación epidemiológica.
La composición del cuerpo
La resolución establece que la Unidad Fiscal Ambiental Subcuenca Arias-Arenales estará conformada por el Procurador General de la Provincia, en la coordinación y actuación conjunta; el Fiscal Penal 5, Federico Jovanovics, en la competencia Penal y Contravencional; en tanto, en la competencia Constitucional, Civil y Contencioso-Administrativa estará el Fiscal en lo Civil y Comercial 1, Rodrigo Erazo Schmidt. Se instruye, además, al Secretario Relator del Medio Ambiente e Intereses Difusos, Juan Sebastián Lloret, a extender sus funciones también como Auxiliar Fiscal y Secretario Letrado, respectivamente, de los magistrados integrantes de dicha Unidad Fiscal, en las causas que resulten de sus competencias. Por su parte, la Técnica Forense del Servicio de Medio Ambiente del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), ingeniera química Leonor Barrenechea, debe actuar en calidad de asesora técnica directa de la Unidad Fiscal en las causas que resulten de su competencia, tal como lo establece la resolución. La misma incluye la solicitud de cooperación al “Programa Ciencia y Justicia”, del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET), mediante las capacidades técnicas y los servicios que pudiera prestar a la Unidad.
