La fiscalía detalló la responsabilidad de cada uno de los acusados, sus vínculos con otras organizaciones del narcotráfico tanto en Argentina como en Bolivia y Colombia y sus nexos con integrantes de las fuerzas de seguridad y hasta con operadores de la justicia provincial y federal.
El fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, en representación de la PROCUNAR NOA, solicitaron esta semana penas que van de los 7 a los 20 años de prisión para la organización narcocriminal que lideraba Delfín Reynaldo Castedo en la zona norte de Salta y que integraba parte de su familia. El pedido de condenas y de decomiso de bienes se dio en el marco del debate oral donde se los acusa por asociación ilícita y lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Ante el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz junto con la magistrada Marta Liliana Snopek, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF)consideraron que quedó comprobado el rol de los acusados en la estructura narco criminal creada a partir de la adquisición de dos fincas ubicadas en la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, en la localidad de Salvador Mazza.
Para Delfín Castedo, el MPF requirió una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa de 650 mil pesos por considerarlo jefe de la asociación ilícita, además de acusarlo por dos hechos de falsificación de instrumento público y dos hechos de uso de documento público. Con respecto a su hermano Raúl, se solicitaron diez años de prisión y una multa de 100 mil pesos por integrar la asociación ilícita. Por el mismo delito se acusó al martillero público Eduardo Torino y se pidió una pena de ocho años de prisión con una multa de 200 mil pesos. En el caso de Melba Araujo, ex pareja de Delfín Castelo, la fiscalía solicitó nueve años de prisión y una multa de 640 mil pesos.
Al comerciante Luis Yudi se lo consideró integrante de la asociación y se lo acusó también por el delito de “encubrimiento agravado de activos de origen delictivo'', por lo que se le pidió una condena de ocho años de prisión y una multa de 600 mil pesos. Con respecto a Alberto Yudi y su hijo Mario -ambos comerciantes-, la fiscalía pidió penas de ocho y siete años de prisión respectivamente por ser miembros de la asociación ilícita y por ser responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo. Y una multa de 1.200.000 pesos para cada uno.
Inicios de la banda y el crimen de Liliana Ledesma en 2006
La fiscalía explicó que, en los inicios de la banda, el líder era el fallecido exdiputado provincial Ernesto Aparicio, dueño de la finca El Pajeal. Rápidamente Castedo se posicionó al frente de la organización y asumió el dominio del lugar donde se montó una “aduana privada”. A lo largo del juicio, que comenzó en noviembre de 2021, los distintos testigos dejaron en claro que la utilidad de esas tierras estaba vinculada a las drogas. Con respecto a esto, el auxiliar fiscal dejó en claro que los imputados llevaron adelante maniobras destinadas al resguardo de las actividades de narcotráfico y enumeró los pasos dados por la organización para expandir el uso de la frontera, lo que lograron con la compra de la finca El Aybal, con lo que monopolizaron el abastecimiento de droga dentro del país. Mencionaron las amenazas e incluso el asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. La mujer había denunciado públicamente que los Castedo usaban la finca El Pajeal para “pasar droga” desde territorio boliviano, pues el campo colinda en el país vecino con una propiedad perteneciente a una hermana.
Amad afirmó que la organización comenzó a operar en 1999 y perduró hasta el 22 de julio de 2016, cuando su líder fue detenido tras permanecer 10 años prófugo. Cabe resaltar que tenía un pedido de captura por su participación justamente como autor intelectual del crimen de Ledesma. Con respecto a este punto, la fiscalía había solicitado al tribunal que asuma la competencia en el homicidio -hecho del cual solo resta juzgar a Delfín y Raúl Castedo- pero los jueces rechazaron el planteo.
En otro tramo de la exposición, el MPF expuso los vínculos de los acusados con otras organizaciones narcocriminales, como la liderada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, condenado por contrabandear más de una tonelada de cocaína a Europa en la causa conocida como "Carbón Blanco".
Los fiscales indicaron que la organización fue una de las más grandes del país, tanto por el flujo de droga que comercializó como por el nivel de corrupción propagado ya que Castedo no sólo era informado de cada orden de intervención telefónica, sino también contó con la cobertura legal del exjuez federal de Orán Raúl Reynoso.
