Se trata de un recurso presentado a la Justicia por Javier Tártalo en representación de los ciudadanos de Orán solicitando que las empresas Edesa, Gasnor y Aguas del Norte se abstengan de realizar cortes de los servicios a los usuarios y el sistema de subsidios a carenciados que no podían pagar las prestaciones.
Tártalo en el diálogo con Nuevo Diario detalló: “El problema más grave reside en que los servicios carecen de calidad”, lanzó el oranense, quien describió que para el caso de la energía eléctrica se viven permanentes cortes, o cambios de tensión. “Además, al primer viento se corta la luz; por lo que automáticamente se corta el agua y es una situación que realmente nos mantiene molestos”, agregó.
Tártalo señaló que la iniciativa del amparo nació a partir de muchas de las boletas de los vecinos de la zona: “Algunas de verdad son una vergüenza”, dijo y agregó que en algunos casos, se advirtieron montos de más de $70 mil “a personas que jamás realizarían un consumo que acredite ese monto. El servicio ni siquiera es 220V, y lo cobran como si fuera 340V”.
Para el caso del agua, el amparista contó que los montos en las boletas son inclusive superiores que los de la energía eléctrica, en detrimento de la calidad del servicio: “Es una burla y una estafa lo que nos está pasando en Orán”.
En cuanto a la disposición judicial, Tártalo la analizó como muy positiva, y una puerta de entrada para un reclamo que puede sumar adherentes en todo el departamento de Orán, y también en distintos puntos de la provincia, teniendo en cuenta que se trata de una problemática que se replica y acentúa en épocas estivales. En ese sentido, el oranense contó que mantuvo diálogo con legisladores locales y nacionales.
“El diputado nacional Lucas Godoy se comunicó conmigo y dijo que en los próximos días llegará a Orán para acompañar esta presentación”, manifestó.
También destacó que se comunicaron con él el diputado Baltasar Lara Gros, así como el senador de General Güemes Carlos Rosso, y reiteró: “Creo que es un tema que hay que discutir porque hay gente que la pasa muy mal”.
“Es necesaria la intervención del Estado en esta situación, porque afecta a más del 50% del salario de los usuarios, es decir sumas impagables o que ponen en jaque la economía de las familias”, analizó Javier Tártalo.
La presentación se realizó el año pasado, argumentando la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de las tarifas impuestas por las mencionadas empresas prestadoras de los servicios básicos de luz, agua y gas.
Asimismo, la presentación señala que las mismas “vulneran el derecho de los ciudadanos al acceso a los servicios públicos ya que se han tornado de imposible cumplimiento”.
El Juzgado de Orán resolvió hacer lugar al amparo interpuesto por Diego Salas y Fernando Tulian hasta tanto se determine sobre el proceso al que dio lugar.
Esta medida alcanza a los demandantes, pero abre la puerta a que se sumen los usuarios que se consideren afectados con el actual régimen tarifario.
Asimismo, ordena se reestablezcan los servicios a quienes están privados de los mismos.
