En la misma resolución, y en coincidencia con lo solicitado por el fiscal general Carlos Martín Amad, de la Fiscalía de Transición, el tribunal -presidido por Alejandro Augusto Castellanos junto a los vocales Mariana Catalano y Guillermo Elías- también rechazó un recurso de sobreseimiento definitivo interpuesto por la defensa de María Isabel Falú en cuanto a la acusación de malversación de fondos públicos.
El fallo, en su mayoría, responde a los argumentos planteados por el fiscal Amad, quien el 9 de marzo pasado, en una audiencia oral ante la Cámara, había reclamado que la causa penal siga adelante contra Falú por considerar que la imputada debe responder, incluso en juicio, por el delito de malversación de caudales públicos. Al exponer sus argumentos, el fiscal señaló que, de la investigación surgen elementos de cargo suficientes contra la ex funcionaria judicial.
A la ex secretaria se le adjudican 44 hechos, de los cuales surge un faltante estimado en la suma de 121.945 pesos, 8.430 dólares y 140 euros, dinero que estaba bajo su custodia en el Juzgado Federal N°2 como parte de bienes en secuestro.
Por estos hechos, el 28 de noviembre de 2012 se inició una investigación en la cual Falú fue indagada por el delito de malversación de fondos públicos, aunque -el 14 de mayo de 2019- fue procesada por el juez federal de Jujuy, Esteban Eduardo Hansen, por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El 13 de noviembre de 2020, a partir de un fallo dictado por la misma Sala II, en el que se discutió sobre prescripción ante la posibilidad de que haya en curso otra calificación penal más gravosa, el mismo juez resolvió dictar el sobreseimiento. Tomó la decisión luego de considerar que se daban las condiciones de prescripción de la acción penal respecto al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, sin expedirse sobre la malversación de caudales, por la cual Falú había sido ya indagada.
Ante esto, la fiscalía calificó de contradictorio el fallo del magistrado, ya que primero procesó a la exfuncionaria y luego, sobre la misma plataforma fáctica, la sobreseyó sin tener en cuenta el delito más gravoso, o sea, la malversación, cuya escala penal contiene un máximo de diez años de prisión.
