PERSECUCIÓN LABORAL A YANINA GAY

Habrían exonerado a la policía que denunció a un superior

Aunque no recibió notificación formal alguna a Yanina Gay, informalmente se le dijo que salió el decreto de su exoneración y que por eso ya fue bloqueada en el sistema y no se podía generar su clave de usuario para su recibo de sueldo digital.

El acoso laboral de parte del Gobierno a la agente Yanina Gay no para. Denunció irregularidades y continua siendo castigada.

La agente Yanina Gay, que denunció a su superior por violencia laboral y violencia de género ya no figura en la nómina de empleados públicos de la provincia, así lo informó su abogado, Pablo Cardozo.

“Fue a querer cobrar el sueldo y le dijeron que no porque el código de habilitación del sueldo no le sale porque hay un decreto del Grand Bourg. Qué podemos esperar, obviamente lo peor”, dijo el letrado a Nuevo Diario. Adelantó que hoy presentará un amparo en Tartagal para tratar de salvar esta situación. 

Gay se desempepañaba en la Comisaría 41 de General Mosconi, dependiente de la Unidad Regional 4, como operadora comunitaria. Sus problemas comenzaron cuando informó de un maltrato a un niño por parte de una sargento, también informó sobre la posible vinculación de policías con el narcotráfico. 

En septiembre de 2016 Gay denunció a su jefe, el comisario Juan Carlos Miguez por acoso laboral y violencia de género. Si bien la presentación de Gay recibió una acogida favorable de la Justicia de primera instancia, más tarde la institución policial le inició un sumario administrativo, por considerar que al exponer esta situación había dejado malparada a la institución policial.  

En declaraciones a la agencia de noticias Télam Cardozo consideró que “es una situación bastante grave que tiene que ver con la agenda negra de violencia de género e institucional que existe en la Policía de Salta”.

Añadió que si bien recibió consultas de otras policías que sufrieron violencia por su condición de mujeres, Yanina fue la única que se animó a continuar con el proceso hasta las últimas consecuencias. 

La Oficina General de Asuntos Internos había dictaminado que debía ser destituida “por exoneración”. En este dictamen se basó el jefe de Policía, Ángel  Mauricio Silvestre, para emitir una resolución disponiendo las medidas administrativas con este fin. La destitución debía dictarse por decreto de la provincia.  

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