En su exposición, el fiscal recordó que la medida de coerción ya había sido resuelta el 29 de diciembre de 2.021, cuando se formalizó la acusación penal en contra de Soria Villalba y su pareja, a quien también se le dictó la prisión preventiva, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Tras reafirmar los fundamentos esgrimidos en esa oportunidad, Eduardo Villalba tildó como una "burla" la conducta del acusado, quien lejos de someterse a lo resuelto en su momento, optó por darse a la fuga, con lo cual entorpeció la investigación penal en curso.
Resaltó que, al disponerse la prisión preventiva, su defensa no impugnó tal decisión, como tampoco lo hizo ayer, cuando la fiscalía solicitó que se concrete la medida de coerción pendiente por la fuga, la que se revirtió el domingo pasado, cuando Jorge Juan Soria Villalba fue detenido en un inquilinato de Villa Soledad a partir de una denuncia anónima realizada al 911.
Además de repasar detalles de la captura, el representante del Ministerio Público, asistido por la auxiliar fiscal Vanina Pedrana, sostuvo que el líder religioso también se valió de la complicidad familiar para mantenerse prófugo.
Por su parte, el defensor General de Víctimas, Nicolás Escandar, adhirió al planteo del fiscal y fue aún más enérgico en el reproche contra el acusado por su fuga, cuyo éxito, en gran parte, se lo adjudicó a su pareja, quien habría tenido mucho que ver para frustrar la prisión ordenada por el magistrado.
Indicó que, si bien la jurisprudencia recomienda no avanzar penalmente contra los familiares directos, esto no impide tener presente la conducta, tanto del acusado como de sus parientes, al momento de disponer la medida de coerción más acorde al caso.
Recordó también que la prisión preventiva no fue cuestionada por su defensa y que la intempestiva fuga del acusado elevó el riesgo respecto a optar por otra medida alternativa a la detención, dejándolo a Soria Villalba sin atenuantes a su favor.
Junto a su esposa obligaba a dos mujeres a ejercer la prostitución
Teniendo en cuenta la petición del imputado de prestar declaración, se recordó al líder religioso la acusación penal que pesa en su contra por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y por su calidad de "ministro de un culto".
La misma gira en torno a la situación de dos víctimas, las que asistían al templo dirigido por los acusados, en calidad de líderes religiosos. Ambas mujeres, según surge de la imputación, eran obligadas a ejercer la prostitución, siendo las ganancias de esa actividad entregadas a los imputados, al igual que otros bienes que poseían, entre ellos un automóvil.
Soria Villalba, al dirigirse al juez, negó todo y sostuvo que las víctimas no eran coaccionadas para nada, aunque afirmó desconocer qué hacían las mismas una vez que salían del templo. Insistió en que, junto a su pareja, lo único que hacían era brindarles guía espiritual.
Sobre el manejo de dinero, rechazó haber recibido dinero de las víctimas y, en cuanto al vehículo que una de ellas tenía, explicó que estaba en su poder porque la misma joven le pidió que lo tenga, ya que no podía dejarlo en otro lugar.
Con preguntas de su defensor, quien no cuestionó en nada los planteos de la fiscalía, el líder espiritual se refirió a distintos aspectos de la acusación, como así también al funcionamiento del santuario de San La Muerte y la religión Umbanda que se profesaba en el lugar. Concluida su declaración, el juez Bavio ordenó la prisión preventiva del acusado en los términos requeridos por la fiscalía.
