De esta manera, y en un lapso de tres días, la Fiscal de Derechos Humanos pidió juicio para nueve policías, ocho de ellos dependientes de Seguridad Urbana, mientras que el restante se trata de una mujer perteneciente a la Guardia de Infantería.
Ayer, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a cuatro efectivos policiales acusados de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal, y amenazas, todo en concurso real y en calidad de autores.
Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Guillermo Agustín López, de 36 años; David Ricardo Pérez, de 25; Walter David Peralta, de 44; y Carlos Alberto Apaza, de 38, todos con revista en la División de Seguridad Urbana de Rosario de la Frontera.
Según lo informado por la fiscalía, las actuaciones se iniciaron con la denuncia de dos hermanos, quienes relataron que el 5 de abril de 2020, cerca de las 5, dormían en su vivienda ubicada en barrio Arturo Menu de la sureña ciudad, cuando escucharon ruidos en la puerta.
Uno de los ellos dormía junto a su esposa e hija. Al despertarse, ambos hermanos se levantaron para ver qué sucedía y observaron a los uniformados, que golpeaban a un vecino.
Ambos relataron que, en ese momento, fueron vistos por uno de los policías, quien sacó su arma, les apuntó y les gritó “quédense quietos o los quemo”. Luego, fueron esposados y golpeados, mientras los subían al patrullero. Una vez allí y mientras permanecían arrodillados y esposados, fueron golpeados con una cachiporra en la espalda y llevados al hospital, donde luego fueron examinados.
Los acusados acometieron en contra de la integridad física de los tres hombres, a quienes causaron lesiones en distintas partes del cuerpo. Dichas lesiones fueron producidas por los golpes proferidos por los acusados al momento de la detención y luego en el traslado.
Además, al momento de la detención, ingresaron al domicilio sin una orden emanada por la autoridad competente ni motivo suficiente autorizado por la ley. Para avalar dicha restricción ilegal de la libertad, los acusados armaron una causa penal que, según surgió de las copias de una denuncia del efectivo Carlos Apaza, se formuló por los delitos de resistencia a la autoridad y violación de medidas sanitarias. Asimismo, una vez en la Comisaría 31, los acusados profirieron amenazas al decirles a las víctimas “la próxima vez los llevamos a un descampado y no la van a contar”, por lo que anunciaron la posibilidad de un mal futuro, inminente y probable, que generó un temor serio y fundado en las víctimas.
