Se trata de una nueva audiencia de formalización de la investigación penal contra funcionarios por el cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
La imputación fue requerida por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien también lleva adelante otros tres casos similares, seguidos contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios y tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI, a quienes ahora se le suman los nueve empleados municipales.
Tras identificar a los acusados, en una audiencia que se siguió con los protocolos sanitarios del caso, el fiscal Toranzos expuso ante el juez los hechos y la imputación penal para cada uno de los funcionarios, tarea que se facilitó con ayuda de una proyección digital. Toranzos indicó que, en este caso, la investigación se inició a partir de la denuncia del propio intendente de General Pizarro, Antonio Pérez, quien reveló que, al menos, doce empleados de la administración que dirige habrían cobrado el IFE.
“En vista de esta denuncia, se realizaron distintas diligencias y tareas investigativas, que nos permitieron establecer que nueve de esos empleados sindicados por el jefe comunal habían realizado los trámites para acceder al IFE”, explicó el fiscal. Como resultado de esta tarea, llevada adelante por Virginia Wierna, secretaria del Área de Casos Complejos y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y María Laura Saravia, la fiscalía pudo reunir suficientes elementos de cargo.
El beneficio del IFE
Previo a referirse a cada uno de los hechos, el fiscal recordó las razones por las cuales el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia aún vigente, dispuso el otorgamiento del subsidio IFE, a través del decreto 310, en el cual se especificó los requisitos y cuál sería el organismo a cargo de llevar a cabo la adjudicación y control del beneficio.
En ese marco, resaltó que el IFE fue destinado a ayudar a las personas que, ante la disposición de aislamiento obligatorio, se quedaron sin ninguna posibilidad de acceder a ingresos, ya sea por qué no tenían un trabajo con relación de dependencia o eran parte del mercado informal.
“La imposibilidad de acceder a este beneficio en caso de encontrarse con un trabajo con relación de dependencia, era uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, señaló el fiscal, quien destacó que, con el IFE, el Estado Nacional buscó ayudar a las personas con mayor vulnerabilidad.
Quienes son los acusados
Tras señalar todas las pruebas reunidas, entre ellas informes remitidos por organismos de contralor, como la misma ANSES, a cargo de la adjudicación del beneficio; la AFIP y distintas entidades bancarias, el fiscal describió la situación de cada uno de los imputados.
Respecto a Gabriela Fernanda Alvarez, indicó que la misma se desempeña con el cargo de auxiliar y accedió al cobro de dos cuotas del IFE, al igual que Enzo Martín Bautista, quien trabaja en el municipio y es delegado del I.P.S.S.
Idéntica situación se estableció en cuanto a Raúl Rafael Cardozo, con el cargo de chofer; Nanci Argelia Fernández, con el cargo de administrativa; Julio Humberto Paz, con el cargo de agente de tránsito; Eva Virazate, con el cargo de cobranza de piso y Francisca Ernestina Zarza, encargada del Registro Civil.
Por otra parte, en tanto, se refirió a los empleados que percibieron un pago del IFE, siendo en este caso Marcela Mireya Artiaga, con el cargo de ordenanza y Cristian Humberto Erazo Santa Ana, quien se desempeña como Director de Cultura en el municipio.
En cada caso, el fiscal describió los montos que percibieron los acusados al momento de los hechos, como así también los que perciben actualmente, lo cual surge de los informes bancarios y de la AFIP remitidos a la fiscalía. También presentó las pruebas que establecen la relación de dependencia con el estado, en este caso provincial.
La incompatibilidad del cobro
En virtud de todo ello, el fiscal destacó que “todos ellos prestaban servicios en el municipio y percibían sus haberes, por ello era incompatible el acceso al IFE; no obstante, llevaron adelante los trámites y con ello, causaron un grave perjuicio al Estadio Nacional, en especial a las personas para quienes estaba destinado este beneficio”.
Asimismo, recordó la investidura de funcionarios públicos de los mismos, quienes, por esa razón, debían haberse regidos por las normas de ética vigente para la función pública, entre ellas la de proteger los bienes del Estado Nacional.
En vista de todo ello, el fiscal imputó a los acusados el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público, delito que prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Solicitó, por último, un plazo de investigación de 60 días hábiles y requirió la aplicación de reglas de conductas para los acusados, entre ellas el compromiso de colaborar con la justicia y la de no salir del país.
Por su parte, los defensores oficiales, Agustín Mogaburu y Ximena Colombres, interrogaron a sus defendidos respecto a la situación económica de cada uno, en especial respecto a parientes que estarían a su cargo, tras lo cual el juez dio por formalizada la investigación en los términos requeridos por la fiscalía.
