FIESTAS CLANDESTINAS

Imputaron al sujeto que violaba las medidas de aislamiento social por Covid

El fiscal penal 6, Juan Marcos Ezequiel Molinati, imputó a Exequiel Rodrigo Ayllón, por el delito de violación a las medidas sanitarias, generando y organizando fiestas clandestinas.

Las fiestas clandestinas son recurrentes y se aplican  infracciones. En Las Costas, estaban sobrinos del ex gobernador Juan Manuel Urtubey.
Las fiestas clandestinas son recurrentes y se aplican  infracciones. En Las Costas, estaban sobrinos del ex gobernador Juan Manuel Urtubey.

El acusado Exequiel Rodrigo Ayllón, de 30 años, fue detenido el pasado viernes 25 de septiembre, luego de que el Juzgado de Garantías 3, hiciera lugar al pedido de allanamiento, secuestro y detención requerido por el fiscal para un domicilio ubicado en barrio Siglo XXI.

En dicho inmueble, según lo informado, se realizaron fiestas clandestinas con aglomeración de personas, lo que implicó una violación a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente en el marco de la pandemia Covid-19.

De acuerdo a la investigación, se pudo establecer que el pasado sábado 19 de septiembre, personal policial tomó conocimiento sobre una fiesta clandestina, con gran cantidad de gente, música y bebidas. A raíz del hecho, fueron infraccionadas 29 personas.

Luego y pese a la actuación policial, en el mismo domicilio se llevó a cabo otra fiesta clandestina el martes 22 de septiembre, lo que motivó nuevas denuncias vecinales y otra actuación policial, que permitió constatar una nueva violación a las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno a través del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Reiteración delictiva

En sus fundamentos, el fiscal penal Juan Marcos Ezequiel Molinati sostuvo que la reiteración delictiva, denotó un mayor desprecio por la norma penal y en especial, por las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente.

Al referirse a los antecedentes del imputado para disponer una medida de coerción personal, el fiscal sostuvo que debe tenerse presente que "el Estado tiene derecho a procurar seguridad frente a individuos que reinciden persistentemente en la comisión de delitos; a fin de cuentas, la custodia de seguridad es una institución jurídica". Más aún, los ciudadanos "tienen el derecho a exigir que el Estado que tome las medidas adecuadas; es decir, tienen un derecho a la seguridad".

 

 

 

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