En las instancias finales de un juicio que lleva un año y seis meses, y en el que se rechazaron por parte del Tribunal Oral Federal Sala I, en tres oportunidades el pedido de detención para todos los imputados, derivado de la fuga, que perpetró Arsenio Eladio Gaona, uno de los abogados acusados en diciembre y de la que recién se advirtió al tribunal en 4 de febrero de este año, a pesar que contaba con una custodia de Gendarmería que debía, acompañarlo de forma constante. Esta custodia le fue otorgada luego que, en noviembre del 2018, Gaona denunciara, una situación que dijo haber vivido en un comercio de Orán, donde uno de los testigos, en el juicio, le habría apoyado en su nuca lo que entiende sería un arma.
María Elena Esper, René Alberto Gómez, Ramón Antonio Valor, Gaona (prófugo), Miguel Ángel Saavedra, Julio y Rosalía Aparicio, están siendo juzgados desde el 4 de septiembre del 2017, junto a Raúl Reynoso, por beneficiar con libertades supuestamente, a detenidos e involucrados en causas por narcotráfico.
Las penas a las que se estarían enfrentando los acusados rondan entre los 25 a los dos años de prisión según el rol de cada uno.
Al momento de escuchar el alegato de Amad se solicitó una condena de 25 años de prisión para el ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, como líder de una asociación ilícita dedicada a beneficiar a distintos imputados en investigaciones por narcotráfico, a cambio de dinero o dádivas, al menos desde el año 2010 y hasta que fue suspendido en su cargo, en diciembre de 2015.
Para los restantes abogados y miembros integrantes de la asociación criminal requirieron condenas de 20 años de prisión para Esper, 18 años para Gaona –ex cuñado de Reynoso- y Gómez –ex Procurador General Provincial, Juez, ministro de Gobierno y Jefe de Policía de la Provincia de Salta- y 14 años para Valor y Saavedra –prosecretario del Juzgado-. Por otro lado solicitaron, penas de 2 años de prisión para el ex empleado judicial César Julio Aparicio y su hermana Rosalía Candelaría Aparicio, quien no pertenecía a la organización y ofició de “presta nombre” de la finca “El Mollinedo”, la que fuera entregada como pago por el sobreseimiento de Pablo Raúl Vera, quien era investigado por narcotráfico. También, en relación a todos ellos se pidieron multas e inhabilitaciones especiales perpetuas para el desempeño de la profesión de abogados y para ocupar cargos públicos, más las accesorias legales y costas, así como el decomiso de los bienes que fueron ofrecidos como dádivas.
Los fiscales generales, consideraron que el hecho representaba una gravedad institucional inusitada. Asimismo, valoraron como agravantes el poder que detentaba Reynoso como único juez federal con jurisdicción en la frontera norte de la Provincia de Salta con Bolivia, el descrédito social que su accionar generó contra el ejercicio de la magistratura y que, mediante sus conductas ilícitas, garantizó la impunidad de líderes de importantes grupos narcocriminales José Luis Sejas Rosales y Jose Miguel Farfán, ambos detenidos.
