El caso surgió a partir de un reporte especial de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Provincia, en el que se detallan algunas de las irregularidades financieras detectadas en el manejo administrativo del IPPIS.
Dicho informe fue girado a la Secretaría General de la Gobernación, organismo que a su vez lo remitió a la Procuración General a fin de determinar la posible comisión de hechos delictivos, razón por la cual se dispuso la intervención de la UDEC a la que se giró la documentación del caso.
Según lo informado desde la Secretaría General de Gobernación, las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Provincia consisten en “una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero presupuestario”.
Se recordó que el IPPIS es un ente provincial autárquico, con un manejo autónomo a cargo de las autoridades de la entidad. No obstante, está sujeto a controles y auditorías.
Entre otras irregularidades señaladas, se reportó que “durante los años 2018 y 2019 se habrían entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiese rendido el destino asignado a los mismos, como así también retiro de dinero de la cuenta bancaria sin asignación específica y sin intervención del área contable”.
Por último, también se detectó a partir de 2017 la emisión de cheques cuya situación resulta incierta por no encontrarse en sus respectivas chequeras y por no estar registrada en el área contable del IPPIS, no obstante que algunos de esos títulos fueron cobrados.
