Una auditoria interna ordenada por Eugenio Herrera, actual jefe comunal de Iruya, al asumir en diciembre del 2.019, arrojó un faltante de $7.773.758,89. Un informe de bancos reveló que se libraron cheques un día antes que Alfredo Daniel Soto finalice su mandato por un total de $ 5.397.032,62.
En la audiencia del 14 de febrero pasado Soto se abstuvo de declarar y comunicó que presentará su descargo por escrito. Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se iniciaron en febrero del 2.020 cuando la Municipalidad de Iruya a cargo de Eugenio Herrera radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
La apoderada del municipio, Eliana Verchán, contó que Herrera tras asumir le solicitó a su predecesor la rendición de cuentas de su gestión y que solo recibió por WhatsApp una imagen de un papel con el detalle escrito a mano.
"Luego comenzaron a entrar cheques rebotados. Tuvimos que hablar con la gente para que nos espere hasta que se reorganizara el pago porque la plata no estaba. Encima en pandemia enviaron una carta documento desde Nación por no existir la rendición de cuenta de obras y no se podían gestionar nuevas", indicó Verchán.
"El día antes de terminar su mandato Soto se presentó en el banco y retiró en efectivo $1.700.000. Además, faltaban los libros contables. Dentro de las denuncias que se hacen le pedimos a la Auditoria General de la Provincia que haga un análisis de la documentación que se presentó. Al constituirnos en querellantes estamos esperando que nos den parte", acotó.
El análisis efectuado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) estableció la existencia de tres cheques librados por el Intendente a favor de la Municipalidad de Iruya por $970.000 y que fueron cobrados por él mismo. No existiría una rendición de cuentas.
Por otra parte, en el período 2.015/2.019, la Municipalidad de Iruya recibió de los programas sociales AIPAS, Asistencia Critica y Pan Casero un importe total de $14.594.982,93, de los cuales sólo habrían sido rendidos $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente a rendir de $5.878.073,43.
De las investigaciones realizadas, surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas al Intendente. Por ello, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio imputó al intendente por dos hechos de peculado.
