La totalidad de delitos por los que se juzga al ex mandatario municipal son: enriquecimiento ilícito, estafa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios, utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general; omisión maliciosa de presentar y por falsear u omitir insertar datos en las declaraciones juradas patrimoniales y fraude a la administración pública por administración infiel, todos estos en concurso real.
El juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú notificó a la fiscal Viazzi de la resolución emitida el 4 de Octubre de 2022, a través de la cual eleva la causa a juicio.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos de Orán, en el mes de diciembre de 2021, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito.
También se requirió juicio para el extesorero municipal, Ricardo Enrique Murúa, por el delito de coautor del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública; a César Gómez, (propietario de Mirador Servicios), como partícipe necesario de los delitos el delito de peculado de servicios y estafa por fraude en perjuicio de la administración pública.
A Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); Renzo Reynaldo Ruiz (Contador Público Nacional), Sergio Daniel Castillo Jalit, (empresario); Sergio Castillo (empresario); Leonardo Darío Macaron y Lilia Amanda Klarmann, como participes necesarios del delito de estafa por fraude por ser en perjuicio de la administración pública.
Todos los implicados participarón de los negocios ilegales que promovió Jalit durante su estancia en la Municipalidad de Pichanal como intendente, mandato que estuvo ininterrumpido por 16 años hasta que perdió en las elecciones del 2019 contra el actual mandatario Sebastían Domínguez.
Domínguez en representación del municipio se sumo como querellante de la causa contra el ex mandatario municipal.
En el extenso requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal, Viazzi expone las medidas probatorias producidas durante la larga y minuciosa investigación iniciada en 2019, que aportaron los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.
