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POR CONTRABANDO DE GRANOS

Juzgan a un finquero, un jefe y dos subalternos de Gendarmería

Por los delitos de contrabando de granos y cohecho son juzgados el ex jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional, comandante principal Marciano Alberto Páez, el alférez Diego Ernesto Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, y el finquero Alberto Martín Crossa.

El fiscal Villalba expone sobre el millonario fraude.
El fiscal Villalba expone sobre el millonario fraude.

La aundiencia se lleva a cabo a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano.

Páez, Radaelli y Ayala están acusados por el delito de contrabando de granos. En el caso de los dos primeros, el  fiscal Eduardo Villaba reclama que sea agravado por el número de intervinientes y por la participación de funcionarios de una fuerza de seguridad nacional, mientras que al sargento  le endilga solo el segundo agravante.

Para los tres efectivos, la fiscalía también les imputó el delito de cohecho pasivo, en calidad de coautores. En el caso de Crossa, la acusación fue también por contrabando de granos con ambos agravantes más el cohecho, pero activo y en grado de autor.

Páez, Radaelli, Ayala y Crossa fueron detenidos el 5 de julio del año pasado y dos días después el fiscal Villalba formalizó la imputación penal ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya

En la audiencia del jueves, el representante del Ministerio Público Fiscal, junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, presentaron el caso a los jueces, mencionaron las pruebas a producir en el juicio y precisaron la calificación legal.

En tanto, las defensas se limitaron a cuestionar la acusación, el valor de las evidencias traídas a debate por la fiscalía, sin presentar ni adelantar cuáles serán los elementos de prueba o argumentos sobre los cuales fundarán la inocencia de sus defendidos.

Villalba  expuso que el sistema de “peaje” que habían impuesto los gendarmes incluía la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.

En el  primer testimonio el  contador Carlos Meneses, jefe de la División Investigación de la Regional NOA de la AFIP, reveló que, desde enero a noviembre de 2020, advirtieron que había un gran número de operaciones de transporte que eran anuladas, lo que levantó serias sospechas sobre el posible contrabando de granos. Precisó que, de un estudio específico, se pudo establecer alrededor de 45 mil traslados, de los cuales el 10% terminaban siendo anulados.

En busca de confirmar este fenómeno, entre el 25 y el 26 de noviembre del 2020, realizaron un control en los puestos de Senda Hachada y Aguaray, donde se comprobó el paso de 83 camiones. De esa cantidad, 43 traslados, con un estimativo de 1.260 toneladas de granos, fueron anulados tras superar esos puestos de control y estimó el perjuicio impositivo de alrededor de los 63 millones de pesos, solamente si se toma en cuenta la aplicación del IVA.

El rol clave del dueño del predio que posibilitó el contrabando

El fiscal Villalba resaltó el rol del finquero, quien -según explicó- fue funcional a las maniobras de contrabando al poner su propiedad a disposición del resto de los acusados como paso hacia territorio boliviano, dado que la parte posterior limita con el país vecino. Adelantó que, a lo largo del juicio, que tiene en carpeta alrededor de 150 testigos, probará que la finca de Crossa fue clave en la maniobra, la que fue iniciada por el sargento Ayala junto a otros dos prófugos y el finquero, en noviembre del 2020.

En esa primera etapa, describió el fiscal, se pactaba con determinados transportistas el pago de una coima y se pasaba la chapa patente al sargento, quien allanaba el camino para que esos camiones tuvieran el paso libre hasta la finca de Crossa, que fungía como la puerta hacia Bolivia.

El fiscal añadió que ese negociado fue advertido por Páez y Radaelli, quienes lejos de ponerle fin tomaron la posta y agrandaron el radio de ilegalidad, como también el flujo de ingresos por el sistema de “peaje” que habían impuesto, el cual incluía, por otra parte, la aplicación de un férreo control a los transportistas que no accedían al pago de coimas, las cuales rondaban entre los 150 y 200 mil pesos por camión.

Villalba sostuvo que, de esta manera, los acusados llegaron a percibir sumas siderales por liberar la ruta, accionar que se facilitó debido a que otros organismos de contralor, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por ejemplo, retiraron el personal del puesto de control a raíz de las medidas sanitarias dispuestas en el orden nacional.

El fiscal resaltó que el caso a ventilarse refleja un hecho de “corrupción galopante” dentro de Gendarmería Nacional y de “grandísima escala”, el cual causó un “perjuicio enorme” para el fisco, pues no se trató de un contrabando hormiga, sino de camiones que cruzaban ilegalmente la frontera.

La maniobra, sin embargo, fue advertida por la AFIP, que se presentó ante la fiscalía para pedir que se investigue el caso. La solicitud también fue impulsada por “las principales autoridades de Gendarmería Nacional, fuerza que se puso a disposición del fiscal, pues también habían percibido que algo raro sucedía en Aguaray”, explicó.

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