Es así que el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, el empresario mendocino Diego Alos y otros siete imputados más no pudieron revertir su situación legal y ahora deberán responder en juicio por uno de los hechos de estafa más escandaloso de los últimos años.
El fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, rebatió planteos defensivos y consolidó así la acusación penal. Lo hizo en una audiencia de doble jornada, dirigida por el juez Federal de Revisión Alejandro Augusto Castellanos, coordinada por la Oficina Judicial Salta.
Villalba presentó la acusación, la cual se construyó con la actuación coordinada de los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero de las Sedes Descentralizada de Orán y Tartagal, respectivamente. Indicó que las actuaciones se iniciaron en febrero del año pasado a partir de diversas notas periodísticas.
Luego, el 18 de mayo, se formalizó la acusación contra Prado, Céspedes y Alos, presidente OSYP SA. Se los acusó por los delitos de fraude a la administración pública y robo agravado. Posteriormente, el 28 de julio, y como resultado de una investigación más profunda, se amplió la acusación hacia otros empresarios y trabajadores del rubro transportista que participaron de las maniobras.
Asistido por la auxiliar fiscal Roxana Gual, Villalba señaló que los acusados, en sus distintos roles, llevaron adelante una maniobra con el único objetivo de apropiarse ilegalmente de bienes del Estado Nacional, en este caso caños del Gasoducto GNEA, con el solo fin de obtener un provecho económico con su comercialización. Los principales acusados en esta maniobra, según surge de las pruebas colectadas por la fiscalía, proyectaban ganar un millón y medio de dólares con la venta de los caños.
La intención de los imputados apuntaba al apoderamiento de caños por un tramo de 35 kilómetros, que atraviesa Aguaray y parajes circunvecinos, entre ellos en El Desemboque, en Alto La Sierra. Cabe mencionar que la fiscalía logró recuperar más de 250 caños que fueron extraídos de la traza del gasoducto, parte de los cuales fueron secuestrados en la zona, como en el predio de uno de los empresarios acusados, en Buenos Aires. “Para lograr este negocio millonario, los acusados actuaron en dos etapas. La primera se puso en marcha antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray, cuando el empresario Alos, uno de los principales responsables y mentores de este fraude, presentó una nota para extraer los caños bajo el pretexto de que se trataban de pasivos ambientales, oportunidad en la que ofreció como contraprestación la instalación de juegos infantiles y mano de obra para los habitantes de Aguaray”, indicó el fiscal.
Cómo fue la trama y el rol que tuvieron los acusados
Al avanzar con la acusación y los roles del resto de los imputados, el fiscal Villalba señaló que este hecho tuvo una segunda etapa, puesta en marcha cuando se hizo público el robo de los caños y la ilegalidad de la resolución 1215/19, que posteriormente le valió a Prado su destitución, el 16 de octubre del año pasado.
Para Villalba, Alos y Prado contrataron a Adrián Vera, un joven empresario que se habría convertido en un eslabón con los otros acusados, entre ellos Cristián Buczek, quien se desempeñaba como encargado de la firma Vera S.A.
La hipótesis del MPF es que Vera ingresó a esta cadena delictiva para seguir con la sustracción y comercialización de los caños, por lo cual recibió 800 mil pesos, dinero con el cual contrató a Andrés Ayala, gerente de la empresa Perterser SRL, quien proporcionó la maquinaria necesaria para la extracción de los caños.
En los mismos términos, Vera habría ingresado en la maniobra a Milton Saavedra y Bruno Degoy, socios de la empresa MyP Servicios Especiales, quienes aportaron un predio para el acopio de los caños sustraídos, en una especie de escala antes de ser comercializados.
El empresario Matías Rossi, presidente de la empresa Comarfil S.A., con instalaciones en el partido bonaerense de Quilmes, en tanto, fue otro de los acusados. Se le atribuye haber adquirido caños que les fueron vendidos por Alos, quien junto a Prado tenía el mayor dominio de los bienes enajenados.
Remitos falsos
Ya sin la resolución 1215/19, Vera puso en marcha otra maquinaria ilegal, que habría consistido en la falsificación de remitos a nombres de otras empresas conocidas del rubro, documentación con la cual llevaron adelante el traslado de los caños robados.
Para el fiscal, tanto Rossi, acusado de encubrimiento real agravado, Buczek, Ayala, Saavedra y Degoy, imputado por robo agravado, no fueron sorprendidos en su buena fe, pues sabían muy bien que los caños eran de procedencia ilegal. Al respecto, señaló que llamó la atención que Rossi no se percatara de que los caños que les compró a Alos tenía el número de serie limado.
