Los ex funcionarios están imputados en la causa penal abierta por las construcciones ilegales de edificios de altura, sin tener las habilitaciones de impacto ambiental y por detectarse serias irregularidades en materia de cumplimiento de norma sismoresistentes en numerosas edificaciones.
Como se conoce, la causa data de 2005, contiene siete promociones penales y por la misma fueron imputados cerca de 20 ex funcionarios municipales, siendo materia de investigación alrededor de 300 expedientes de obras de construcciones irregulares.
Después de 15 años, la jueza finalmente dejó libre de culpa y cargo a los ex funcionarios más reconocidos y de mayor jerarquía, algunos de los cuales siguen en la función pública.
Por el contrario, el arquitecto Pablo Brandan Valy, quien se desempeñaría actualmente como presidente de la CoPAUPS (Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico), un organismo dependiente del Gobierno de la provincia, fue procesado por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario en 4 hechos, entre los que figuran obras en calles Virrey Toledo 861, Leguizamón 755, Vicente López 635 y Leguizamón 457.
También fue procesada la ingeniera Laura García de Leonarduzzi, quien era Directora General de Control Urbano. La ex funcionaria fue procesada por abuso de autoridad. Por último, fue procesado José Erasmo Pistán, como partícipe necesario del delito de incumplimiento de deberes en 11 hechos. Se dispuso, a su vez, mantener la libertad provisoria de los acusados, como así también se dispuso un embargo para los mismos por la suma de 15 mil pesos.
A su vez, la jueza dispuso el sobreseimiento de la misma Leonarduzzi y Pistán, por tres hechos en los que estaban acusados de incumplimiento de deberes. A ellos se suman los sobreseimientos, por el mismo delito, de Carlos Marcelo Cesano, Guido Giacosa, Oscar Alberto Redondo Torino, José Luis García, Claudia Lamas, Juan Gómez Augier, Rafael Álvarez, Andrés Flandoffer Nallar, Víctor Marcelo Amado, Laura Lanfrasconi de Souberan, Cristina Mariani.
Por último, y para dejar en claro que el caso le importa, la jueza mandó a notificar a la Municipalidad de Salta que se atenga de dar cumplimiento a las normas de edificación, en particular lo referido al Estudio de Impacto Ambiental y Social, una de las graves falencias detectadas en la investigación penal que aún sigue su marcha.
