A la vicepresidenta, la fiscalía pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que la defensa de Cristina reclamó la absolución por haberse "desmantelado" la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola.
Con la finalización este lunes del alegato final de la defensa de los acusados ex titulares de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibáñez, el debate ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 seguirá con la respuesta fiscal a nulidades planteadas. Además, Luciani y Mola podrían pedir replicar en base a lo escuchado en los alegatos de las defensas de los 13 acusados, que en todos los casos reclamaron la absolución y consideraron que las pruebas durante el debate dieron por tierra con la acusación.
Una vez concluida esta etapa, se anunciará un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta, el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de COVID-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020 sin recuperar nunca la presencialidad plena.
"No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino", sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado, a más de tres años de iniciado el debate y luego de escucharse a 114 testigos en 117 audiencias.
Ese día, la Vicepresidenta también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa y habló ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Además, sostuvo que la acusación fue una "fábula" montada para llevarla "de los pelos" ante la Justicia, que en la causa "se violó la Constitución Nacional" y que los fiscales cometieron "prevaricato".
En un alegato que se extendió por nueve audiencias y terminó el 22 de agosto último, los fiscales Luciani y Mola la acusaron de ser la jefa de una supuesta asociación ilícita y le atribuyeron haber cometido el delito de administración fraudulenta por irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. También pidieron 12 años de prisión para el empresario Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
