En una presentación espontánea los apoderados de la Cooperadora Asistencial de la Capital acudieron a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos se pusieron a disposición de la justicia, a la vez que en un voluminoso descargo, sostienen que la denuncia constituye un acto apresurado que no tiene respaldo documental alguno, pidiendo la desestimación y archivo por inexistencia de delito.
Los abogados dejan sentado que la totalidad de las contrataciones y gastos realizados por el ente autárquico, se corresponden con los destinos fijados por la Ley 5335 y el Decreto 1809/78 que lo rige, presentando todos los expedientes que acreditan la necesidad de esas erogaciones y un trámite regular.
Numerosos controles
Asimismo, sostienen que existen numerosos controles que realiza la Auditoría General Provincial, el Tribunal de Cuentas Municipal y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, al margen de que cuenta con una Unidad de Sindicatura Interna y un departamento que controla la ejecución de convenios.
Es por ello que califican de temeraria la acusación de que los funcionarios podrían integrar una asociación ilícita, o incurrieran en malversación de caudales o hubieran intervenido en negociaciones incompatibles. En este sentido consideran que los denunciantes ni siquiera mencionaron a las personas o hechos puntuales, que permitirían formular semejante reproche.
Entienden que es reduccionista la visión de los legisladores por no tener en cuenta que existen gastos vinculados con logística y funcionamiento operativo de la Cooperadora Asistencial, y tampoco admiten que es necesario abordar la problemática social previo relevamiento mediante consultoría y estadísticas, como también difundiendo los programas que benefician a los vecinos de Salta.
Por último, sostienen que el trabajo institucional de la Cooperadora es ordenado y que no se agota en la asistencia con la Copa de Leche, entrega de bolsones, medicamentos o subsidios, sino que también comprende problemáticas de género, violencia intrafamiliar y adicciones, destinando recursos para tal fin.
Fueron los diputados Hector Chibán, Humberto “Ulua” Vázquez y Mario Mimessi - quien es a su vez titular de la UCR salteña- los que requirieron a la justicia inicir un juicio penal contra los responsables de la Cooperadora Asistencial por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. La denuncia alcanza a los funcioanrios de la Cooperadora Asistencial de la Capital “Ing. Roberto Adan Galli”, que preside Pablo Outes, por los supuestos hechos de “asociación ilícita” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
