Después del escándalo suscitado, cuando el juez Martini apartó a la fiscal Simense de Bielke y ordenó que se la investigue penalmente, la Procuración rebatió con numerosos planteos, pedidos de informes, recusaciones y hasta el pedido expresiones de apoyo público a la fiscal. Ahora, finalmente empezó a reconocer ciertas irregularidades, pues se solicitó formalmente la inspección y secuestros de los teléfonos del auxiliar, a quien investigan por la supuesta relación irregular con el comisario Walter Mamani, investigado por delitos de abuso policial.
Los fiscales reemplazantes de Simense de Bielke reconocieron la necesidad de contar con la autorización judicial para revisar el teléfono de uso personal de Dantur, por lo que presentaron ante la justicia el pedido formal del caso, en busca de darle ahora legalidad a una medida que ya fue declarada nula dos veces, tanto por el juez de Anta, Sebastián Guzmán como por el propio Martini.
El apuro de los fiscales por corregir las actuaciones, al parecer, apunta a recuperar el contenido de los mensajes, pruebas que espera usar aún en contra de Dantur, sin embargo, la jurisprudencia legal seguida ampliamente en materia penal indica que dichos datos ya no tienen valor legal para ser usado contra el auxiliar, favor hecho por la fiscal desplazada.
Por la teoría legal, conocida como el “fruto del árbol venenoso”, el contenido de los mensajes entre Mamani y Dantur ya no podrían ser usados en su contra, una ventaja que, curiosamente, provino de la misma fiscal, lo cual no deja de llamar la atención.
Pedido formal
La jueza interina de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur-Circunscripción Anta, Patricia Rahmer, informó que hizo lugar a la medida solicitada por la Unidad Fiscal de Investigación integrada por los fiscales Rivero y Rodríguez López, por lo cual ordenó la extracción física y lógica de información de dos teléfonos celulares de propiedad y/o uso del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur. También habilitó la feria judicial de enero del Juzgado, a los efectos de se siga con el caso.
La jueza ordenó también el secuestro de dos teléfonos celulares de propiedad y/o uso del auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur y su posterior extracción física y lógica de información. Los equipos, sin embargo, ya se encuentran en poder del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Derechos Humanos.
La Magistrada también informó en su resolución que la medida será practicada por el Gabinete de Informática Forense del CIF, con la presencia de los integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación y la Defensa Técnica del imputado, Sergio Dantur, lo cual también ya se realizó, pues antes de la imputación inicial contra Dantur, la fiscalía dio a conocer el contenido de los mensajes, otra irregularidad denunciada por la defensa del auxiliar investigado.
Curiosamente, en la información de estas medidas, los fiscales resaltaron la legalidad de sus pedidos, entre ellos el de realizar copia de seguridad de las redes sociales asociadas a los dispositivos, según lo establecido en el artículo 309 y concordantes del C.P.P., algo que no fue tenido en cuenta previamente por la fiscal que fue desplazada por orden del juez Martíni.
En un evidente esfuerzo por demostrar el accionar legal los pedidos, los fiscales informaron que “la medida ordenada y autorizada por la magistrada, permitirá determinar si la línea oficial proporcionada por el imputado fue funcional para el desempeño del cargo público asignado y si la utilización de una línea no registrada por el Ministerio Público Fiscal perjudicó el normal y correcto desempeño de dicha función”.
Recusación
En otro orden, se conoció también la decisión, como otro eslabón de la estrategia judicial para rescatar a la fiscal Simesen de Bielke, del pedido de su colega, Ana Inés Salinas Odorisio, interina en la Fiscalía de Impugnación, quien interpuso un recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad en contra de la resolución del 11 de diciembre pasado, dictada por Martini, y mediante la cual dispuso el apartamiento de Simesen de Bielke y la remisión para la investigación por “posibles infracciones al Código Penal”.
En el texto, Salinas Odorisio sostuvo que se dedujo el recurso de inconstitucionalidad en razón de que, al emitir tal pronunciamiento, el Juez incurrió en vicios esenciales en la interpretación del derecho y en la reconstrucción de los hechos, evidenciándose deficiencias en su estructura lógica. Ello tornó al fallo en arbitrario y atentatorio de elementales principios de nuestro Estado de Derecho. Lo que llama la atención, entre otros aspectos del recurso, se presenta contradictorio al pedido de autorización legal de los fiscales Rivero y Rodríguez López, ya que según Salinas Odorissio, lo actuado por Simense de Bielke estuvo a Derecho, con lo cual no hay razón, entonces, para que los fiscales reemplazantes acudan a la jueza para obtener una orden judicial, hecho que se mantiene como el eje central de este escándalo que tiene a la Procuración enfrentada con el Poder Judicial.
