Sin más anuncios reveladores, la Unidad de Grave Atentados contra las Personas se prepara para ingresar a una de las etapas más complicadas en la causa penal abierta por el asesinato de Jimena Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017, en la casa que ocupaba con su marido, Nicolás Cajal, en la localidad de Vaqueros.
Tras la incorporación del abogado penalista, Marcelo Arancibia, con experiencia en la materia, a la defensa de Sergio Vargas, el único acusado detenido que tiene el caso, desde la Procuración General decidieron volver sobre sus pasos y reasignaron a su mejor fiscal: Ramiro Ramos Ossorio, quien regresó al GAP a través de una resolución interna.
Lo llamativo es que a la par de la llegada de Ramiro Ramos Ossorio fue desplazada su colega, Verónica Simesen de Bielke, cuya labor fue resaltada por el Procurador, Abel Cornejo, quien ya tenía decidido desde el año pasado sacarla del GAP para mandarla a la Fiscalía Penal Nº 4, en Villa Mitre.
Este cambio, como otros tantos que se hicieron desde la llegada de Cornejo, puso a todos los fiscales prácticamente alertas sobre la estabilidad laboral. A decir verdad, son muy pocos los que se sienten seguros, condición que guarda proporcionalidad con la distancia o amistad con el nuevo jefe de fiscales.
Esta ecuación, sin embargo, no se aplica a Ramos Ossorio, uno de los fiscales que el propio Cornejo desplazó el 21 de junio de 2019 porque se negó a firmar el decreto de imputación en contra del viudo, Nicolás Cajal, como autor intelectual del asesinato de su mujer, lo que le valió su desplazamiento a una fiscalía de los suburbios.
Ahora, a seis meses de firmar su salida porque se negó a seguir sus instrucciones, el procurador vuelve sobre sus pasos y le abre de nuevo las puertas a Ramos Ossorio, el fiscal del caso Paola Álvarez, uno de los crímenes más complejos de Salta que terminó con la condena de Santiago Zambrani.
Cuando fue expulsado, se informó oficialmente que se había designado a Ana Inés Salinas Odorrisio y Gustavo Torres Rubelt, en su remplazo para “rectificar el rumbo de la investigación e ir directamente al autor intelectual del homicidio de Jimena Salas”.
Incluso habló de obstáculos internos en la investigación que el GAP llevaba adelante, sobre todo luego de indicaciones que salieron de la Procuración y que no fueron observadas, entre ellas, la decisión de Ramos Ossorio de no avanzar con la imputaón penal al viudo.
De la remoción bochornosa, ahora Ramos Ossorio regresó al GAP y, según fuentes del mismo Ministerio Público, revelan que la misma responde al rearmado de fiscales que asumirán la acusación penal en contra de Vargas y Cajal tras la elevación a juicio del caso.
Sobre todo después de conocerse la incorporación del abogado Marcelo Arancibia a la defensa de Vargas, un letrado con amplia experiencia en el fuero penal, y en especial en los debate orales, trayectoria incluso reconocida por los jueces penales, quienes, en definitiva, serán los que tendrán la última palabra en un eventual juicio por el caso Salas.
En el retorno de Ramos Ossorio, también dispuesto por Cornejo, resta saber si el joven fiscal irá contra Cajal, a quien se negó a imputar, un interrogante que, por ahora, flota en los pasillos de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas.
