“La intensidad, malicia y las intenciones de perjudicar mi dignidad personal y de dañarme como persona, como mujer y como política son evidentes; y esos propósitos se intensifican en los umbrales de campañas políticas proselitistas, como la que afrontamos de forma inminente. Ello ha llevado a las organizadas hordas de productores de fake news a colocar, de un modo artero y sumamente eficaz, micrófonos y dispositivos de espionaje en el mismísimo despacho municipal que ocupo en el Centro Cívico Comunal”.
En la demanda se especifica que este accionar implica, además, el allanamiento ilegal de su despacho, un "hecho de suma gravedad que afecta su dignidad" y que, para la mandataria, representa “una delicada e inadmisible amenaza” contra la democracia. En ese sentido, solicitó a la Justicia que realice la investigación correspondiente y que averigüe la posible utilización de fondos públicos para llevar a cabo el espionaje.
La información está contenida en la denuncia que la jefa comunal presentó en la justicia federal, quejándose por noticias falsas en su contra en portales de internet.
Asimismo, Romero dedicó un apartado especial para hacer referencia a las normas protectorias en materia de género difundidas a través de diferentes organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos: “La presencia de mujeres ocupando posiciones de liderazgo sigue siendo, a principios del siglo XXI, excepcional y minoritaria, lo que significa la permanencia de los rudimentarios prejuicios en tanto la discriminación de género se incrementa a medida que se asciende en la jerarquía de la pirámide organizacional e impide el acceso equitativo a las estructuras de poder y a los procesos de toma de decisiones”.
En ese marco, citó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisuales, donde se evidencia que “si se utiliza cualquier medio de comunicación para publicar y/o difundir mensajes, imágenes o signos estereotipados que reproducen dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales normalizando así la subordinación de las mujeres en la sociedad, se constituye lo que se denomina violencia simbólica o mediática, como una forma de violencia que busca mantener o restablecer un orden social jerárquico, un esquema de poder asimétrico”.
“Uso sistemático de portales y páginas con noticias falsas y discursos de odio”
Romero, radicó una denuncia penal ante la justicia federal por coacción y amenazas, que apunta al "uso sistemático de portales y páginas con noticias falsas y discursos de odio".
Según confiaron al diario Perfil fuentes del municipio, en la presentación se solicitó la identificación de todos los agresores y la ruta del dinero empleado para "promover una campaña sucia permanente en su contra".
La acción penal contempla una investigación en la que se identificaron más de 130 publicaciones con noticias falsas y ataques directos contra la intendenta, sus funcionarios y su familia, así como parte de la traza de pagos que se realizaron para promocionar este tipo de contenidos, informaron cerca de la intendencia.
“Muchas veces decidí ignorar estas agresiones, justamente por pensar que lo más justo para todos los salteños -los que me votaron y los que no- era que su intendenta esté abocada a la gestión y no a dar explicaciones sobre noticias falsas, pero hoy creo que es importante que esta investigación marque un precedente, sobre todo al inicio de un nuevo año electoral, para que la política no se convierta en un ‘vale todo’”, expresó Romero sobre la denuncia.
En ese sentido, agregó: “Estoy convencida de que debemos poner un freno a las hostilidades y, como intendenta, es mi deber sentar una posición pública respecto a los mensajes de odio que circulan a diario en nuestra sociedad sin que se los cuestione, generando un clima hostil que contamina el debate público”.
De acuerdo a lo informado, los mecanismos de transparencia de la plataforma Meta, empresa propietaria de Facebook, permiten acceder a los datos sobre los gastos realizados en cada publicación contra Romero. De esta manera, se pudo rastrear a los responsables de la campaña de difamación.
“Identificamos la ruta del dinero”
“Identificamos la ruta del dinero para promover las noticias falsas y estamos convencidos de que los responsables van a tener que rendir cuentas por esta campaña ininterrumpida de injurias que ya lleva tres años”, señaló la Intendenta
La denuncia de Romero apunta contra la página “Estamos con Bettina 2023”, que difunde frases apócrifas de la intendenta acompañadas por fotos oficiales, como un mecanismo de ataque contra la investidura municipal. Se identificaron 130 publicaciones con información falsa contra la intendenta por un pago total a Facebook de $ 26.819 a nombre de una persona llamada Juan David Jara.
La persona que habría realizado los gastos más elevados en esta campaña de desprestigio se llama Damián Eduardo Cruz. Ha invertido $ 98.323 para difundir informaciones falsas en la página “Denuncia Salta”, que tiene tan solo 1.600 seguidores. Es decir, invirtió $ 61 por cada seguidor, un monto muy elevado para los estándares de Facebook: por lo general, se suelen gastar unos pocos centavos por cada persona que visualiza una publicación, aseguraron.
Por su parte, en la denuncia se expusieron casi 40 artículos del portal “Hola Salta”, que forman parte de la "campaña injuriosa" contra Romero. El sitio también habría destinado una importante suma de dinero a la promoción de estos contenidos en Facebook.
