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Lo que generó confusión, según surge de la resolución, fue que la magistrada primeramente ordenó hacer lugar al pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía, pero en el mismo párrafo dispuso la aplicación de la prisión domiciliaria, en la residencia de una hermana del ex sacerdote, en el barrio Juan Manuel de Rosas.
Incluso, la jueza solicitó informes a la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia, a fin de incluir al ex sacerdote en este programa que contempla la aplicación de pulseras electrónicas.
La decisión de la jueza, que generó el inmediato rechazo por parte de la querella y la fiscalía, se dio a conocer ayer al mediodía, cuando ingresó una segunda denuncia por abuso sexual en contra del ex cura Lamas, hecho ocurrido cuando era párroco de Rosario de Lerma.
Lo que se esperaba, técnicamente, era que la jueza rechace el pedido de prisión preventiva y disponga, por ende, el beneficio de la prisión domiciliaria. Al respecto, se especula que Puertas no lo hizo así para tratar de atemperar el costo de su decisión de sacar de la cárcel al ex sacerdote.
Cabe recordar que previamente, la misma jueza Puertas se había opuesto a un pedido de allanamiento presentado por el fiscal penal, Federico Obeid, para allanar el Arzobispado de Salta y secuestrar las actas del juicio clerical seguido en contra del ex sacerdote, documentación que el mismo Monseñor, Mario Cargnello, se negó a entregar a la justicia.
La jueza priorizó para ello un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Argentino, con lo cual echó por tierra las posibilidades de obtener una prueba en el proceso penal que se lleva adelante en contra de Lamas, quien desde ayer sumó una nueva denuncia en su contra, en la que también fue víctima un adolescente.
A una semana de ese fallo, que generó rechazó y despertó críticas contra el Poder Judicial por considerar cuestiones de privilegios a favor de la Iglesia, ayer, la jueza, Puertas, volvió a la carga y ordenó que Lamas salga de su lugar del encierro en el Penal de Villas Las Rosas.
Puertas favoreció a Lamas con la modalidad de prisión domiciliaria, y para ello dispuso que permanezca preso en su vivienda. La jueza, llamativamente, compartió dos de los tres argumentos de la fiscalía respecto al pedido de prisión preventiva, pero rechazó el tercero.
Se trata del peligro de entorpecimiento procesal, al cual el fiscal Obeid se refirió en su planteo, oportunidad en que sostuvo que el acusado podría no sólo evitar concurrir a las distintas diligencias procesales, sino también intimidar o influir sobre los testigos u otros posibles denunciantes.
Al respecto, la magistrada descartó que ello vaya a suceder y adujo que se obvio un pedido de la familia de asumir la responsabilidad de cuidar de que Lamas no entorpezca con la investigación, por lo que asumió que se debía confiar en tal propuesta, realizada por una hermana.
En tal sentido, ayer se conoció una carta en la cual las hermanas de Lamas firmaron un escrito en el que acusaron al ex monaguillo que denunció al ex sacerdote de hacer todo por dinero, incluso dijo que la justicia era arbitraria contra su hermano y criticó el accionar de los medios.
La jueza, sin embargo, le dio la derecha a la familia al confiarle el cuidado del acusado, no obstante, sostuvo que se podrá disponer otras medidas para impedir que Lamas influya negativamente en la prosecución penal de la causa, entre ellas simplemente prohibirles que realice tales actos.
Por otra parte, la jueza dispuso rechazar el pedido de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, planteo realizado por el abogado, José Fernández, defensor del ex sacerdote. Para ello, la magistrada compartió los argumentos expuesto por la querella y la fiscalía al momento de dictaminar por la negativa a sobreseer a Lamas.
Finalmente, la magistrada ordenó una sanción al abogado Fernández por expresiones fuera de lugar que suscribió en uno de sus planteos, en el que adujo que denunciaría a la jueza por prevaricato en caso de resolver a contrario de su pedido.
Por tal expresión, la jueza pidió que se giren las actuaciones al fiscal penal en turno por presunta comisión del delito de amenazas o coacción, como así también dispuso el envío de copias al Tribunal de Etica y Disciplina del Colegio de Abogados de la Provincia.
