La medida restrictiva fue impuesta por una jueza de garantías en contra de ambos familiares, a quienes le prohibieron realizar escraches en la Ciudad Judicial.
Esto no es todo, pues ayer trascendió que un fiscal penal estaría por ir más allá en la contraofensiva judicial y podría imputar a los Peñalva por delito de amenaza, para lo cual se les permitiría presentarse en la Ciudad Judicial.
Como una bola de nieve, el caso de las dos jóvenes halladas muertas en una finca colindante al barrio San Carlos, donde vivían las adolescentes, se agranda cada vez más sin que nada pareciera desactivar la mala relación entre los familiares y los operadores de la Justicia que tuvieron intervención en el caso.
Ahora, después de varios escraches de los Peñalva contra los jueces, fiscales, el actual Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo y hasta el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, la misma Procuración encabezó una fuerte réplica en busca de acallar los reclamos de los familiares.
Para ello, y a través del fiscal penal 1, Marcos Molinati, el jefe de los fiscales ordenó que se solicite una medida cautelar restrictiva que impida a los familiares seguir adelante con los escraches, en especial en la Ciudad Judicial, para lo cual se pidió una prohibición de acercamiento de 500 metros.
Lejos de aquella reunión, celebrada el 25 de junio de 2019, entre los Peñalva y Cornejo, en la que parecía haberse iniciado un idilio entre ambos, el procurador ordenó abrir fuego contra los familiares, ya que los escraches en su contra parecen tener más efecto que sus actos públicos con miras de ingresar a la política, para la cual ya se ofreció como candidato.
Jueza Zunino
El pedido de mordaza tampoco se hizo al azar, pues recayó en la jueza de Garantías, Ada Zunino, una magistrada que supo tener una buena relación con Cornejo, cuando éste ocupaba un despacho en la Corte de Justicia de Salta.
Tanto es así que la magistrada no tuvo ningún reparo en firmar la medida cautelar, con la cual la Justicia oficializó el bozal legal que intentan ponerle a los Peñalva, quienes lejos de llamarse a la calma salieron aún con más fuerza a hacer escuchar sus quejas por lo que creen una mala actuación de la Justicia en la investigación por la muerte de su hija y sobrina, la que aseguran fue asesinada.
La movida en contra de los Peñalva, según fuentes judiciales, no terminaría con esta medida cautelar, pues el fiscal Molinati, bajo las instrucciones recibidas, iría más allá y estaría por citar para mañana al padre y la tía para imputarles el delito de amenazas.
Esta acción, considerada como una acción para criminalizar los escraches, tendría como base un informe que realizó el Cuerpo Especial de Investigadores creado por el procurador, los que no hicieron más que recopilar el contenido de las cuentas de Facebook de Gustavo Peñalva y Marisa Peñalva, a quien vieron en una foto, en una sesión de tiro, como así también otras imágenes de supuestos artefactos explosivos.
En base a ello, el fiscal presentaría las acciones de los Peñalva como amenazas, siendo esta la única respuesta de la Justicia local a los reclamos de la familia.
