En conferencia de prensa al responder la consultas, Cornejo señaló que la superpoblación carcelaria es preocupante.
"Desde el Ministerio Público Fiscal y en lo que hace a mi persona, hay un respeto a raja tabla sobre las garantías mínimas para las personas detenidas. El artículo 18 de la Constitución, se refiere que los internos carcelarios deben tener un estado de salubridad donde, además, se garantice la seguridad”.
Remarcó que "el penal de Villa Las Rosas quedó obsoleto e inadecuado, donde su reubicación urge en la medida que hoy está a solo 12 cuadras de la Plaza 9 de Julio, y que fue pensado en el 1930 para una ciudad mucho más pequeña".
También se refirió a cifras que hablan del crecimiento de los internos de acuerdo al incremento de los delitos. La sobrepoblación en cárceles salteñas fue del 41% en 2018. El promedio en todo el país llegó al 25% en el mismo período.
En la cárcel de Villa Las Rosas hay más de 1.400 personas detenidas y la capacidad del penal es para mil internos.
En ese mismo sentido, la Alcaidía General de la Provincia que surgió como un paso previo para los detenidos, antes de ser condenados hoy tiene 700 detenidos, pero capacidad para 300.
En 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos. Diez años después se incrementó en un 90% y llegó a 3.266.
La casi duplicidad de estas cifras se produce en 2.014, con la adhesión a la ley de microtráfico, aunque aclaró, el funcionario, que no es el delito de mayor incidencia en nuestra provincia ya que ocupa el cuarto lugar en cantidad de casos.
Al respecto, Cornejo aclaró que en 2018 habían 440 presos por microtráfico en Salta, mientras que las violaciones y otros abusos sexuales son los delitos que producen más condenados y procesados hoy en día. En 2018, 730 personas estaban detenidas por delitos sexuales.
Son dos de los delitos vinculados con la violencia de género sobre los cuales trabaja el Comité de Estudio de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, que empezó a funcionar en septiembre pasado (aunque fue creado en 2016).
Recordó que fue el primer juez federal que se opuso a la ley de desfederalización del microtráfico: “No me opuse por capricho, sino por el principio de igualdad ante la ley, teniendo en cuenta que hoy existen dos criterios diferentes en una misma jurisdicción”.
Aclaró que la provincia considera penas duras contra los que consumen, mientras que para la justicia federal se aplican penas que lo dejan dentro de los delitos irrelevantes, donde no se castiga a quienes son adictos o tienen droga para consumo.
En cuanto a la policía, dijo que con esta ley se le agrega funciones que no le corresponde como la de penitenciarios, ya que en las comisarías inclusive hay hasta condenados. “Porque si le pedimos a la policía que cumpla su rol no tenemos por qué agregarles funciones”, dijo el procurador.
Una Fiscalía de Ciberdelitos
Hizo referencia también al pedido que se le hizo al gobernador Gustavo Sáenz de elevar la creación de la fiscalía de ciberdelitos, atento que se trataría de una necesidad en una provincia de frontera como Salta.
Esta sería la cuarta fiscalía en el país, y la primera que distribuiría otras causas que pidieren surgir desde esas investigaciones.
También está trabajando en la puesta en marcha de la Oficina de violencia institucional por los crecientes casos de trato o destrato que se van denunciando.
“La violencia no se plasma solo cuando se produce un femicidio o se denuncia violencia de género, sino que también se debe advertir cuando surge en el trato cotidiano y esto va fomentando, un crecimiento de violencia que traslada a otras áreas. Debemos buscar que exista una sociedad basada en el respeto, donde se pueda contener a los ciudadanos, para una mejor calidad de vida”, concluyó.
