Es que el auxiliar Sergio Dantur está señalado por los fiscales que apoyan la versión de la fiscal Verónica Simesen de Bielke como la persona que prestó conformidad o que no les avisó que uno de sus teléfonos era de uso personal.
En ese contexto, la defensa del funcionario logró dar un fuerte y certero golpe con solo mostrar un par de actas del caso.
Las actas no son cualquier foja, pues primero exponen la tarea de un policía y un investigador del CIF, un cuerpo de investigaciones de alto renombre nacional, lo cual no es nada menor.
Segundo, las actas revelan que la inspección ocular de los teléfonos se hicieron a partir de estrictas órdenes de la fiscal Simesen de Bielke, en el marco de una averiguación preliminar, la cual evidencia que Dantur, a esa altura, ya era objeto de una investigación penal, lo que no fue informado al sospechoso.
Tercero, en las actas, tanto de la inspección como la labrada al momento del secuestro de los aparatos, indican claramente que todas las medidas fueron pedidas por la fiscal, entre ellas y la más importante, que se haga sobre los teléfonos de “uso oficial” y de “uso personal”, con lo cual queda plasmada, según el juez Luciano Martini, el accionar irregular de la fiscalía, pues no se solicitó orden del juez de Garantías para avanzar sobre el teléfono de uso personal de Dantur.
Si prestó conformidad o no avisó, tales circunstancias jurídicamente en nada atenúan el haber avasallado con una garantía constitucional, una irregularidad que demanda una investigación penal, lo cual solicitó el magistrado, quien agregó que la fiscal en dos ocasiones obvió informar si el teléfono era o no de uso personal.
