A diferencia del caso del concejal Sebastián Cari de Guachipas, los dirigentes deportivos imputados, Jorge Moya, su pareja, Moira Pabloff, Jesús Tarqui y Nancy Romero, están acusado no solo de fraude, sino de cometer maniobras extorsivas sobre los afectados, para lo cual habían elaborado una base de datos y un prolijo esquema de cobro de cuotas, multas y la aplicación de intereses, entre otros conceptos, que se les exigía a los beneficiarios.
Los dirigentes se encargaban de realizar los trámites de sus víctimas, pero a cambio se quedaban con una cuota que rondaba entre los 750 a 1.500 pesos; aunque en algunos casos llegaban a quedarse con todo el dinero, ya sea del subsidio de Ingreso Familiar de Emergencia, como el pago de Salario Social Complementario, maniobras que, según se sospecha, se realizaron desde hace más de un año sobre un centenar de beneficiarios.
Más allá del accionar de los acusados, tanto en este caso como lo sucedido con el concejal Cari, quedó en evidencia la debilidad del estado nacional en materia de control de dichos planes.
Esto podría responder al contexto de la pandemia, pues la única manera de verificar datos es a través de medios y protocolos digitales, los cuales son fácilmente violados.
