Además, se ordenó el reenvió del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta para que dicte un nuevo pronunciamiento "con la celeridad que el caso impone" y de acuerdo a las pautas fijadas en esta resolución, en la que se estableció que la causa debe mantenerse abierta para cumplir con la obligación del Estado de buscar la verdad sobre los crímenes cometidos en la dictadura.
La resolución judicial, emitida el 13 de diciembre, fue tomada en mayoría por los camaristas Ana María Figueroa y Daniel Antonio Petrone, y reviste particular importancia para la jurisdicción de Salta, ya que por primera vez se analizó las faltas de mérito dictadas por la Cámara de Apelaciones local, que precisamente con esta causa había impuesto su doctrina de faltas de mérito, las que luego derivaban en sobreseimientos. Ahora, sin embargo, Casación revisó el caso y anuló el sobreseimiento, con lo que quedó vigente la falta de mérito, una figura que permite continuar con la investigación.
Desde la fiscalía, en tanto, se adelantó que pedirán a la Cámara de Salta que no continúe dictando faltas de mérito y en este caso en particular, "dicte el procesamiento para que se dirima en juicio usando el precedente de (Calixto) Salazar que también había ido en ese sentido en el caso de duda".
Roberto Arredes fue condenado a prisión perpetua en diciembre por la detención ilegal y el homicidio de Salazar, cometido en los primeros días de septiembre de 1976 en el marco del terrorismo estatal. "La idea es que se dirima en juicio por la obligación del Estado de investigar exhaustivamente los casos, no pueden quedar en una falta de mérito eterna", ratificó la fiscalía.
Néstor Miguel Díaz, un militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado en la madrugada del 12 de agosto de 1976 por una patota que irrumpió en su casa y se lo llevó sin siquiera darle tiempo a vestirse. Sus familiares realizaron diversas denuncias y presentaciones, ante "la Jefatura de Policía de la Provincia, la Policía Federal, Justicia, Comisaría Tercera, sin obtener ninguna respuesta".
En una de esas visitas a la delegación de la Policía Federal, la esposa de Díaz, Elsa Sierra, reconoció a uno de los integrantes de la patota que ingresó a su habitación y se llevó a su marido. Por este hecho ya fueron condenados el militar Carlos Alberto Mulhall (fallecido), que era jefe de la Guarnición Ejército Salta; el jefe de la Policía, Miguel Gentil (fallecido); el jefe del Departamento de Seguridad de la Policía provincial, Joaquín Guil, y el comisario inspector Víctor Hugo Almirón.
En la continuidad de la investigación, fueron acusados Arredes, Antonio Saravia y Luis Dubois. La fiscalía sostiene que por los cargos que ocupaban no podían desconocer lo sucedido con Díaz. Arredes era jefe del Departamento de Personal (D1) y Saravia comandaba el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de la provincia, mientras que Dubois era oficial de Logística (S4) en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 141.
“En estos casos no pueden obviarse la gravedad de los hechos”
Inicialmente, el juez de Primera Instancia los procesó. Pero la Cámara de Salta revocó esta decisión y les dictó la falta de mérito, como consecuencia, el juez de Primera Instancia los sobreseyó. Ante ello, el fiscal general Eduardo Villalba fue a Casación impugnando el sobreseimiento; en esa instancia el recurso fue sostenido por el fiscal Javier De Luca y lograron que dos camaristas de la Sala I les dé la razón.
"En estos casos no puede obviarse la gravedad de los hechos investigados, por lo que su dilucidación, atento a la complejidad del conflicto y a pesar del tiempo transcurrido, exige un máximo esfuerzo, esencialmente de cara a esta especial categoría de sucesos, en cumplimiento de los deberes y las facultades del Estado argentino en esa dirección; sobre todo ante el legítimo reclamo a obtener una respuesta por parte de las víctimas y deudos y en aras de preservar el derecho de los imputados a que las causas se resuelvan en un plazo razonable", sostuvo la jueza Figueroa, la primera en votar a favor de hacer caer la falta de mérito.
Petrone, que adhirió al voto de Figueroa, aclaró que el sobreseimiento "es un pronunciamiento jurisdiccional que extingue el proceso de manera definitiva e irrevocable con relación al imputado respecto del cual se dicta" y por eso mismo "exige un estado de certeza", que en este caso no se demostró.
Al cuestionar la falta de mérito, la Fiscalía recordó que Arredes fue felicitado por sus superiores por su labor represiva. Arredes, sostuvo la Fiscalía, "fue parte del circuito represivo e intervenía en las persecuciones, averiguaciones, detenciones y tormentos a personas que eran consideradas opositoras al régimen". En cuanto a Saravia, que falleció en septiembre de 2021, la Fiscalía recordó que "intervino en procedimientos antisubversivos absolutamente irregulares desde el año 1975".
