Pidieron fuertes penas para todos los imputados. A Reynoso la acusación, lo señala por ser supuesto jefe de una asociación ilícita, pidiendo 25 años de prisión. Sostuvo que en el “ducado de Orán las leyes eran diferentes”.
La jornada se inició poco después de las 13 y finalizó a las 19. Por cinco horas se extendió el alegato de los fiscales donde Amad analizó lo fáctico de la causa para solicitar las penas a los imputados, mientras que Snopek se refirió a lo jurídico.
Amad detalló cada una de las nueve causas que llevaron a la que él consideró una organización dedicada a perpetrar delitos, agravados todos por la función que cada uno de ellos tenía, con la calidad de profesionales y empleados de los que se trataba.
Fue demostrando de qué manera se accionaba en cada una de esas causas y como era la metodología que se llevaba adelante, así dijo el fiscal que “la documentación nos muestra que una de las testigos Roxana Britez, pareja de Sarmiento (beneficiado por el exjuez, con libertades, cuando tenía antecedentes penales de todo tipo), no mintió cuando dijo que entregó dinero por una libertad, en una plaza de Orán, cuando estaba Reynoso en una camioneta a la que describió”.
Reynoso oportunamente desmintió a Britez, sin embargo el fiscal, mostró los registros automotores, con fechas, que daban cuenta que Reynoso en esos días, del pago de la supuesta “dádiva”, tenía una camioneta como la descripta. Así fue como se pudo advertir, según el alegato, que cada vez que caía el movimiento era el mismo, Britez se contactaba con Miguel Saavedra (empleado imputado), quien la derivaba a María Elena Esper (abogada imputada), que pactaba la entrega de dinero, que luego supuestamente llegaba al juez.
“En el ducado de Orán, Reynoso hacía lo que quería, así dijo que liberaba presos por cuestiones humanitarias, ya que estaban hacinados, pero no estaba preparando todo un accionar criminal”, dijo Amad.
Refirió otras causas en la que se lo acusa de confeccionar resoluciones en las que se devolvía dinero a narco traficantes. “En 24 horas, devolvió 300 mil pesos, y luego 400 mil, a familiares de narcos.
En ese momento el juez que presidía el Tribunal Oral Federal Federico Diaz, en Salta y otros jueces por videoconferencia desde San Miguel de Tucumán, Jimenez Montilla y desde Santiago del Estero, Casas, debió decidir la suspensión momentánea de la audiencia, ya que Reynoso solicitó asistencia médica. Se determinó el traslado al Hospital San Bernardo ya que presentaba 200 de presión arterial y arritmia.
El juez ante la situación ya estaba resolviendo por el cuarto intermedio cuando las partes comenzaron a hacer escuchar su voz.
La Fiscalía refirió a que nunca ocurrió que un alegato sea suspendido, menos aún si estaba presente el codefensor de Reynoso, Federico Magno e iba a tener la feria para ver y escuchar las grabaciones. A este planteo adhirió la querella, y uno de los defensores, el abogado Fernández, quien representa a Arsenio Eladio Gaona.
Una hora llevó todo el trámite, que terminó cuando Reynoso volvió al recinto, permaneciendo a su lado personal del SAMEC.
Al continuar, el fiscal se refirió a la causa emblema si las hay como es la del empresario José Luis Sejas Rosales, quien fue liberado por Reynoso, al cambiar la carátula de responsable del tráfico de estupefacientes a partícipe secundario.
“Señor juez, 13 causas conexas tenía Sejas Rosales, pero el ducado de Orán pensaron que había que beneficiarlo con libertad condicional. Y se profugó a su país. Se omitió prueba y por arte de magia, pasó de responsable a partícipe secundario, se le devolvieron camiones en los que ese empresario de la droga traficaba”, dijo
“Este señor (por Raúl Reynoso), liberó a un narcotraficante, y le devolvió 13 camiones, en los que transportó 35 mil litros de tolueno, precursor químico usado por los narcos, cambiaba sin que se haya incorporado prueba nueva, por eso este señor es jefe de una banda de corruptos asociados con el narcotráfico”, enfatizó.
Así fue detallando el resto de las causas, que llevaron a que solicitara para Raúl Reynoso, acusado de jefe de una asociación ilícita: prevaricato y concusión, 25 años de prisión, embargo por 20 millones de pesos e inhabilitación de por vida.
