La misma expresa una serie de requerimientos para la celeridad en la resolución de los casos, condenas efectivas y contención de las infancias.
En la misiva a la que accedió Nuevo Diario, desde la Asociación de Madres Protectoras junto a distintas organizaciones de Derechos Humanos y de Género, advirtieron a la magistrada sobre: “las verdaderas necesidades que aquejan a niños y mujeres de toda la provincia de Salta, a causa de la desidia y corrupción de los jueces y el sistema judicial salteño, que por décadas ha sometido a mujeres y niños (víctimas de diferentes delitos) y en estado absoluto de vulnerabilidad; al atropello y la revictimización que imparten desde peritos, fiscales, asesores de incapaces y jueces”.
Asimismo, señalaron con dureza que: “Salta es una de las provincias con mayor índice de abusos, violencia de género, femicidios, feminicidios, violencia económica; etc; un triste podio que se relaciona directamente con la falta de respuesta del sistema judicial salteño y que como única solución solo escuchamos de boca de sus letrados “estamos abarrotados”; cuando ese abarrotamiento se debe a la desidia, el machismo y el clasismo con el que son tratados nuestros casos”. En ese mismo sentido, reclamaron por las dilaciones en los juicios y el peligro que representa esa demora, en casos en los que las víctimas se ven obligadas a continuar la convivencia con sus abusadores: “los niños, niñas y madres son revictimizados en el proceso, desde sus denuncias, a sabiendas y con el aval de la cúspide del sistema judicial. Y esto sucede en manos de peritos psicológicos, psiquiátricos, forenses; fiscales; asesores de incapaces; jueces, etc, y todo esto a causa de la falta de perspectiva de género en el proceso”.
El petitorio
En la misiva, los y las firmantes solicitan once puntos que contemplan, perspectiva de género en el proceso, fallos y pericias; celeridad en las causas de abusos, violencias, alimentos y femicidios.
También hicieron formal el pedido de “no criminalizar” a las Madres Protectoras, como también que la conexidad de los casos de abusos sexual entre fiscalías y juzgados sean razonables al interés Superior del Niño, evitando de esa manera la revinculación forzada con el agresor y su entorno.
Otros puntos están vinculados con la solicitud de prisión preventiva para imputados por abuso sexual, y prisión Efectiva para los condenados por abusos sexual, en tanto el requerimiento extiende a que los jueces no minimicen el delito de los agresores y tengan en cuenta a las víctimas.
A estos ítems, se solicitó verdadera celeridad en las causas de alimentos y que las consignas perimetrales sean en la casa de los agresores.
Por último, remarcaron su absoluto repudio al tráfico de influencias latente en el sistema judicial salteño que hasta la fecha no ha sido debidamente investigado y condenado. “Como así, nuestro enérgico repudio y condena Social al abusador Lautaro Teruel y el juez
Martín Fernando Pérez, del juzgado de Garantías N°1, que hizo lugar a la prisión domiciliaria de un peligroso abusador.
