Si bien el tridente fiscal, compuesto por Ramiro Ramos Ossorio, Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt, pidió penas de 12 años de prisión para Sergio Vargas y 5 años y 6 meses para Nicolás Cajal Gauffín, al momento de sustentar dichas condenas, los fiscales no fueron contundentes, pues sólo basaron sus pedidos en meras conjeturas, a las que arribaron del uso parcial de lo referido por algunos testigos.
Para comenzar, Ramos Ossorio, tal vez el que se mostró más convencido, inició su exposición con un cambio en la acusación penal respecto a Vargas, quien venía acusado de ser partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado cometido con alevosía, ensañamiento y precio o remuneración.
El fiscal desistió del agravante de precio, lo que indicaba que el crimen de Jimena fue por encargo, situación que no pasó desapercibida. En reemplazo, le achacó el agravante de femicidio no vincular, calificación por la cual pidió 12 años de prisión para Vargas.
Para fundar este pedido, el fiscal se dedicó a realizar un repaso de la teoría que la fiscalía sostiene desde junio de 2019, cuando se cambió la estrategia de investigación. La exposición amenazaba con ser apabullante, sin embargo y a medida que se repitió en latiguillos, se tornó deslucida.
Es que el fiscal sólo se dedicó a realizar conjeturas, se excusó de no señalar a los testigos en los que fundaba sus apreciaciones porque eran “muchos” y sólo pudo nombrar a dos, de los casi 100 testigos que declararon en el debate.
Por el resto, sí repitió a testigos que acompañaron la hipótesis fiscal, entre ellos los peritos del CIF e investigadores de menor rango, quienes no pudieron ocultar que disentían con las premisas investigativas iniciales del caso, sustentadas por los oficiales de la División Homicidios, quienes no fueron citados a declarar.
En vez de referirse a la relación de Vargas con un plan homicida, su cooperación o el rol que tuvo con los autores, el fiscal sólo insistió en valorar pruebas respecto a si estuvo o no en la escena del hecho, cuando esto nunca fue negado por el acusado.
Cuestionó aspectos propios a estrategia de ventas, cuando el trasfondo del caso se refería a un crimen atroz, con lo cual evitó fundamentar, desde lo jurídico, sobre los requisitos legales exigibles por el Código Penal y la Jurisprudencia respecto a la figura de partícipe secundario.
Sus colegas, en tanto, caminaron por el mismo sendero al referirse a Cajal Gauffín, circunstancias en que la ausencia de pruebas se notó aún más, pues los argumentos para justificar su culpabilidad giraron en torno a si lloró o no al descubrir el asesinato de su esposa.
Nuevamente, las apreciaciones subjetivas llenaron el vacío respecto a pruebas directas que permitan establecer qué intenciones tenía el viudo en el supuesto encubrimiento, cuando durante el debate los peritos contables señalaron que su patrimonio nunca se incrementó tras el deceso de Salas.
Cuestionaron el apuro por la entrega del cuerpo, pese a que los mismos peritos del CIF dijeron que la autopsia y entrega del cuerpo se realizó de acuerdo a los protocolos vigentes, por lo que se entendió entonces la imposibilidad de profundizar ese aspecto.
