Además de 10 años de inhabilitación, las costas y la restitución de un millón de pesos para sus representados. Se pasó a cuarto intermedio hasta el viernes a las 15 cuando alegue el fiscal Carlos Martín Amad. Ya se pudo conocer que la sentencia se conocería el tercer lunes de febrero.
En una extensa jornada que finalizó pasadas las 16.30 el alegato, último tramo de la audiencia de ayer, se escuchó además el resto de la incorporación de una prueba, solicitada por Reynoso, además los imputados Miguel Saavedra y Julio Aparicio hicieron uso del derecho a ser escuchados. Tanto Saavedra como Aparicio negaron los cargos que se les endilga de ser partícipes de una asociación ilícita conformada para beneficiar a detenidos a cambio de una paga.
Saavedra, empleado del juzgado habló como se tramitaban los hechos, sin que haya resaltado nada en particular, destacando en todo momento que respetaba en todo escritpo el criterio del juez.
Particularmente en el caso de las excarcelaciones de oficio, que sorprende se dieron en algunos casos, dijo “este trámite está previsto en el Código Penal”. Esto en el momento del alegato el querellante hizo referencia señalando que solo en el caso que la prisión lleve dos años sin resolver, se concreta.
Lo que no significaba un fundamento en los casos que se analizaron.
Aparicio, empleado de maestranza del juzgado, está acusado de ser intermediario en la venta de una finca a una hermana, tierras que eran de la ex pareja de René Gómez, también imputado, y se las habría vendido a Rosalía Aparicio, quien pagó 180 mil pesos.
“Nuestra familia siempre compró tierras, en este caso un hermano, ya fallecido, dijo que se trataba de un buen negocio. Así que compramos finca Mollinedo, que tenía supuestamente 220 hectáreas, pero como está en un sector de río, la orilla se extendió y terminó siendo de 700, sin embargo es inútil, ya que no se puede cortar madera, ni producir”, dijo Aparicio.
En otra parte de su declaración también dijo que Reynoso era autoritario y riguroso, “no se podía contradecirlo en nada, y no solo conmigo sino en general”.
Alegato de la querella
Garmendia comenzó señalando que él alegaba sobre uno de los nueve casos, que derivaron en una acusación, sumamente grave como es hablar de corrupción en el último eslabón de la sociedad, destinada a garantizar la justicia, “y si un juez es corrupto estamos perdidos”, enfatizó.
Adhirió a todas las acusaciones que el fiscal realizará en su alegato, entendiendo que si bien solo en un hecho se afecta a sus representados, en los otros ocho hechos se abren pautas similares.
“Reynoso lidera una banda de delincuentes que tenían por objeto manipular resoluciones judiciales, para liberar y beneficiar a cambio de dinero. Se acomodaron causas, se generaron investigaciones, y se inventaron cargos, como ocurrió con mis clientes, cuyas detenciones se intentaron mostrar como legales”, dijo el querellante.
En la causa de Ivan Cabezas, Germendia aclaró que comenzó cuando en un control detienen a otro de sus representados, Pablo Meneses, quien llevaba, 300 mil pesos, para compra de ganado, certificando todo. Sin embargo Gendarmería entendió ameritaba una investigación, así se inician las escuchas y vigilancia, donde van apareciendo los otros nombres, Bruno Mazzone, Martín Avella, y el propio Cabezas.
Los pedidos de libertades
Despues detalló la manera en que se dieron las libertades de los comerciantes de carne, demostrando con días y resoluciones que se iban produciendo a medida que se había abonado una cierta suma de dinero.
“El 10 de julio del 2015 se conocen las resoluciones que de oficio el ex juez excarcelaba a los imputados Cabezas, Meneses y Mazzone. Al “tío” como señalan le decían a Reynoso, se le ocurrió excarcelarlos, once días después que se habían presentado de forma legal los pedidos de libertad, porque no había nada que los marcara como delincuentes. Sin embargo once días después y solo con el pago de dinero, sin ninguna prueba que haga la diferencia, se obtuvo la libertad”, dijo Garmendia.
Tras un extenso fundamento llevado adelante por la querellante Evangelina Navarro, se hizo el pedido de condena para Reynoso de 18 años de prisión por prisión donde la pena máxima por liderar una asociación ilícita son 10 años y el agravante por su función de ejercer justicia, la elevó a 18 años, pidiendo además 10 años de inhabilitación, las costas, y la restitución del millón de pesos de sus representados.
