También estarían solicitando la detención de otra persona que estaría vinculada con el hecho.
Por su parte Singh habría solicitado en un escrito el recupero de libertad por padecer una enfermedad, acompañando el pedido con un certificado médico.
En la fundamentación el fiscal entienden que existen motivos para sospechar que Singh podría accionar teniendo en cuenta que por los delitos que se le imputan las penas van desde los 10 a los 45 años de prisión, por lo que insistió en el riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso por parte del ex diputado, para quien pidió un alojamiento carcelario sin privilegios.
Destaca Jovanovics en su presentación que “el causante al haber sido de-saforado y suspendido en su calidad de diputado provincial, aumenta el peligro de fuga del mismo puesto que ya no cuenta con inmunidad legislativa y de esta forma posibilita a que el mismo cumpla con la pena privativa de la libertad que prevén estos tipos de delitos.”
Asalto comando
La investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos gira en torno a un hecho ocurrido el 26 de Octubre en la empresa Nutribras SA, emplazada en el Parque Industrial de General Güemes. Por este hecho, también fueron imputados Ariel Fernando Arias, Juan Daniel Lujan, Víctor Uncos y los hermanos Claudio Federico y Cristian Ariel Romano, éstos dos últimos se encuentran detenidos tras su imputación penal.
Sin embargo, trascendió que existiría un nuevo involucrado para quien también se solicitó la detención. Por esa causa hoy están detenidos Singh, y los hermanos Romano. En un primer momento estuvieron detenidos Arias, Luján y Uncos, pero a los pocos días recuperaron su libertad.
Los delitos imputados surgen, según la fiscalía, de un ilícito denunciado por el sereno de la empresa Nutribras S.A., dedicada al proceso de envasado de porotos, quien reveló que el asalto fue cometido por un grupo de sujetos entre los cuales identificó a Jonathan Diez, proveedor de porotos de la empresa, quien ingresó al predio bajo amenaza de los imputados.
Al respecto, Diez denunció que fue privado de su libertad y obligado a presentarse con los acusados en la empresa a fin de que los mismos puedan concretar el ilícito, hecho que fue cometido con el uso de arma de fuego.
El robo respondería a una disputa por el cobro de cheques entre la empresa y Singh, en el marco de la informalidad, ya que se trata de cambio de valores sobre terceros.
El delito por el que se produce el robo de maquinarias, quedó plasmado por las filmaciones registradas por las distintas cámaras de video vigilancia que posee la empresa.
En su pedido de prisión preventiva, el fiscal sostuvo que en el marco de la causa penal existen suficientes elementos de pruebas, entre ellos informes policiales; filmaciones, secuestros y declaraciones testimoniales.
Indicó que dichas pruebas “resultan elementos de convicción suficientes para sostener que el acusado es probablemente autor penalmente responsable del delito de “privación ilegitima de la libertad agravada y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda”.
Jovanovics hace referencia a la peligrosidad de los involucrados, que según muestran las cámaras, reducen al sereno, de manera violenta y usando armas de fuego, esto hace presuponer haber organizado el despliegue delictivo previamente, para así poder disponer de personal y de varios vehículos de su propiedad, camiones, camionetas, autoelevadores.
