La Fiscalía formuló acusación en contra de Enzo Anagua, Gerardo Ricardo Páez y Carlos David Morales por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto, Anagua fue acusado, además, del delito de falsedad ideológica.
El Tribunal fundamentó su decisión de revocar la prisión preventiva y otorgar la prisión domiciliaria de los acusados, en el hecho de que, tanto Páez como Morales, no podían continuar en el lugar de detención debido a la enfermedad que padecen, a pesar del tratamiento médico y la situación epidemiológica de COVID-19 y Dengue en la zona.
El pedido de revocatoria de la medida fue elevado el pasado 29 de octubre de 2.021 y entre sus considerandos, el fiscal Gabriel Alejandro González precisa que el juez había ordenado la realización de una junta médica e informe social, sin haber notificado al Ministerio Público Fiscal ni al damnificado, a fin de poder proponer peritos de parte.
Al respecto, el fiscal de Derechos Humanos expresó que, conforme a la Junta Médica, el estado de salud de los acusados se agravó, no por la falta de atención y medicamentos, sino debido al "incumplimiento del plan de alimentación, al sedentarismo y a la 'toma de conciencia de la adherencia al tratamiento", y continúa "con lo cual se estima que la falta de cumplimiento del tratamiento médico indicado obedece a una actitud de parte de los mismos acusados, y no a causa de una conducta de falta de colaboración de parte de los encargados de la custodia de los mismos. Con lo cual, el empeoramiento en el estado de salud de los acusados es a causa de una actitud poco colaborativa de los mismos y que no tienen que ver con su actual lugar de encierro".
La fiscalía de Derechos Humanos solicitó la concesión del recurso de apelación y la elevación del expediente al Tribunal de Impugnación para la revisión de la decisión del Juez y que se deje sin efecto.
