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Por la denuncia de venta de plasma acusan al gerente de HemoSalta SRL

A menos de una semana de abierta la investigación penal tras la denuncia pública por la venta de plasma, ayer el Ministerio Público adelantó que imputará a un médico por el delito de fraude a la administración pública, un anuncio inédito en materia procesal.

El gerente de la firma HemoSalta SRL es el médico Martín de la Arena. La investigación se inició por denuncias en redes sociales.
El gerente de la firma HemoSalta SRL es el médico Martín de la Arena. La investigación se inició por denuncias en redes sociales.

La acusación penal, como se sabe, surge de las denuncias en redes sociales sobre la maniobra de la firma HemoSalta SRL, cuyo gerente es el médico Martín de la Arena, cuya firma aparece en un pedido de facturación por la transfusión de plasma a pacientes con coronavirus.

En ese pedido, el médico solicitó el pago de 30 mil pesos por el servicio de plasma, hecho que fue rebatido por el propio ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, quien públicamente indicó que no se cobra por el aporte de plasma a pacientes con COVID-19, lo cual generó el repudió y la posterior investigación penal.

Formalmente, la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, publicitó que “ordenó la citación a audiencia de imputación para el lunes 5 de octubre, en contra de un médico”, el cual “será imputado por la comisión del delito de fraude a la administración pública (dos hechos), en grado de tentativa en concurso real, en el carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial”. No obstante, en su comunicado, evitaron identificar al médico en cuestión ni a la empresa apuntada.

Según lo informado, la notificación de citación se hizo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. La fiscalía dio a conocer el decreto de imputación al acusado, en el que “constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales”.

La maniobra

“Para avanzar, se tuvo en cuenta que el futuro imputado, en su condición de socio-gerente de una empresa habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS”.

Para la fiscalía, el médico, el cual no es identificado, habría actuado a “sabiendas de que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados”. Asimismo, consta también en el decreto que el futuro imputado, no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el IPS rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

La fiscalía consideró, en este caso, “el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo.

Pidieron informes

La fiscalía de Delitos Económicos Complejos requirió un informe al Centro de Hemoterapia Regional y a distintos sanatorios privados; se solicitó al Ministerio de Salud Pública la copia de convenio celebrado con la empresa privada y las copias de actuaciones labradas a raíz de las noticias extraídas de los sitios web; se solicitó a la Dirección de Personería jurídica copia del expediente de la empresa en cuestión, constitución y sus posteriores modificaciones y se pidió además un informe al Instituto Provincial de Seguros de Salta.

Entrega de 350 unidades de plasma

Se supo también que hay otras empresas privadas y de carácter público que trabajan en la misma especialización; que el plasma se entrega a toda institución hospitalaria que lo solicite, siempre que se encuentre autorizado como Centro Receptor por la Comisión de investigación biomédica del Ministerio Salud y que a la fecha, se entregaron aproximadamente 350 unidades de plasma a establecimientos de toda la provincia -públicos o privados- y en forma gratuita.

Este caso como se informara días atrás alcanzó repercusión nacional.

 

 

 

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