La detención se ordenó ante una presentación del fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta. En vista de ello, el Tribunal Oral Federal 1 ordenó el martes pasado la inmediata detención de José Manuel Reinoso, quien ocupó cargos de jerarquía en la Policía de Salta durante la época del terrorismo de Estado.
La medida se dispuso en el marco de la causa penal por el delito de homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Calixto Zalazar, un trabajador del Matadero Municipal de Salta.
Reinoso fue procesado y debe ir a juicio oral y público junto a otros tres ex jefes policiales: Joaquín Guil, Roberto Arredes y Antonio Saravia, con quienes integraba la cúpula policial al momento del homicidio imputado.
En agosto de 2018, en una disputa respecto a la competencia, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -con los votos de Carlos Mahiques y Liliana Cattuci- coincidió con la postura del fiscal general Eduardo José Villalba, quien había apelado un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. El tribunal salteño había dispuesto que el caso debía pasar a la justicia provincial por no tratarse de un hecho de lesa humanidad.
Terrorismo de Estado
En su apelación, Villalba había sostenido que el caso “debe ser incluido como parte del ataque generalizado o sistemático sufrido por la sociedad civil durante el período del último gobierno de facto militar”.
También resaltó que en busca de impunidad “no sólo no se sustanció ningún tipo de actuación policial, sumario penal o investigación de cualquier tipo”, sino que además funcionarios policiales amenazaron de muerte a los familiares de la víctima.
Frente a estos argumentos, la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón al fiscal y sostuvo que el crimen habría sido cometido en el marco del terrorismo de Estado. El camarista Mahiques señaló que el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma “la obligación de investigar todas las imputaciones y la necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho”, evitando cancelar la investigación de comportamientos “que podrían constituir delitos de lesa humanidad”.
Concluida esta discusión, la defensa de Guil planteó un recurso de queja, lo cual provocó que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal decidió el 18 de marzo pasado desestimar tal presentación, tras lo cual el procesamiento de los cuatro ex jefes policiales quedó firme y a las puertas del juicio oral y público. En ese contexto, el fiscal Amad solicitó al TOF, tras el fallo de la Corte, se debía proceder a imponer la prisión preventiva para los cuatro acusados, tres de los cuales, Guil, Arredes y Saravia ya cumplían tal medida en otra causa por delitos de lesa humanidad.
