Sobre la propuesta de la defensa, respecto a que el ex intendente de Aguaray, Jorge Prado, permanezca aislado de medios tecnológicos para evitar que influya de manera negativa en los testigos, el fiscal rechazó esa posibilidad y recordó que este aspecto fue ya anticipado por la jueza Mariana Catalano, de la Sala II, quien lideró el voto que confirmó la prisión preventiva del ex intendente.
“La jueza fue muy clara al advertir que, en el caso de que se disponga una prisión domiciliaria para Prado, el riesgo de que pueda entorpecer el proceso a través de medios tecnológicos, se hallaba latente”, recordó el Fiscal Federal Eduardo José Villalba, quien también resaltó de la misma magistrada la facultad del Ministerio Público Fiscal de avanzar con distintas pruebas, sin la necesidad de detallar cada una de ellas a la defensa.
El juez federal de Garantías de Orán Gustavo Montoya, en tanto, indicó que el planteo de la defensa es “una medida de imposible cumplimiento”.
Por otra parte, y respecto a la influencia del ex intendente sobre los empleados, ya sea de la municipalidad o del Concejo Deliberante, Villalba señaló que “uno de los testigos manifestó frente al defensor de Prado cómo su cliente había influenciado de manera negativa, tanto en él como en otros empleados para que no se presenten a declarar ante el Concejo Deliberante”.
Destacó que “lamentablemente se cumplió el pronóstico que esta fiscalía ya había anticipado respecto al riesgo de entorpecimiento por parte del acusado”, quien habría impartido órdenes para frustrar el proceso respecto a su destitución en el cargo, lo que hacía presumir al funcionario que, con la justicia, la situación no sería diferente.
Resaltó que “la sola ascendencia” de su figura ya significaba una presión natural para los empleados, algunos de los cuales reconocieron que, antes de acudir al Concejo Deliberante, “llamaron a Prado para preguntar qué debían hacer”, prueba clara del poder que el acusado tiene en los posibles testigos.
Respecto al testigo que dejó en evidencia los llamados de Prado para entorpecer su proceso de destitución, la defensa sostuvo que se trata de un “rival” político de su cliente y que busca sucederlo en el cargo. Esto fue rechazado por el juez, quien destacó los argumentos de la fiscalía.
